ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España reclaman al Ministerio de Agricultura la aplicación inmediata de los mecanismos de regulación de la oferta, ante unas cotizaciones que sitúan el aceite de oliva virgen extra en 3,30 euros por kilo y el lampante en 2,90 euros, por debajo de los costes de producción.
Las cuatro organizaciones han remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que solicitan la publicación urgente de la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, que establece las condiciones para aplicar el artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y que cuenta con el aval de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea.
El objetivo es activar los mecanismos de regulación de la oferta para estabilizar el mercado, frenar nuevas caídas de precios y proteger la rentabilidad de las explotaciones olivareras.
Las organizaciones consideran necesario que, una vez conocidos los aforos de cosecha y las existencias al cierre de la campaña, a partir del avance de las declaraciones de los operadores correspondientes a septiembre, el Ministerio publique la orden ministerial y la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios que determine el porcentaje de almacenamiento obligatorio aplicable a las almazaras.
La petición se produce en un contexto de descenso de las cotizaciones durante las últimas semanas, con perspectivas de nuevas bajadas. Esta situación se agrava por el incremento de los costes de los insumos, la mano de obra y los carburantes registrado durante el último año.
Seguridad jurídica y condiciones de competencia
Otro de los motivos que justifican la urgencia de la medida es la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones entre los operadores. Las organizaciones recuerdan que la producción de aceite durante octubre tiene una importancia creciente en el mercado y advierten de que, mientras no entre en vigor la obligación de almacenamiento, quienes produzcan y comercialicen todo su aceite antes de su aplicación podrían quedar excluidos de la regulación.
Esta circunstancia generaría diferencias respecto a las almazaras que comiencen su actividad posteriormente.
Asimismo, señalan que la propuesta de orden ministerial contempla mecanismos para ajustar las cantidades almacenadas durante la campaña. Una vez disponibles los datos definitivos de producción y existencias, el porcentaje inicialmente establecido podría revisarse a la baja y permitir la salida al mercado de parte del aceite retenido, si la evolución de la oferta y la demanda lo aconseja.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias insisten en que la comercialización por debajo de los costes de producción compromete la viabilidad económica de numerosas explotaciones y reclaman una actuación inmediata para evitar un mayor deterioro de los precios en el inicio de la campaña 2026/27.
