Su pequeño tamaño –en comparación con los países homólogos de la UE– es el principal problema estructural de la pymes españolas. Eso concluye CEPYME en su informe «Crecimiento Empresarial enero 2025».
En el Informe Crecimiento Empresarial, enero 2025, situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, manifiesta que el pequeño tamaño de las pymes españolas es su principal problema estructural. Además, en el informe, desgrana una larga serie de factores que dificultan el desarrollo y competitividad de las pymes de nuestro país. Ahora bien, una mayoría de ellos remiten en última instancia a su pequeño tamaño. Además, CEPYME plantea las medidas a su juicio más importantes para mejorar esta situación.
Las cifras recogidas en el informe son claras, significativas y, en algunos casos, alarmantes; aunque también hay algún parámetro con progresos, citándose el que «en los últimos años se ha registrado una ligera tendencia hacia el incremento de tamaño empresarial». No llama mucho la atención el que exista una importante diferencia con los países tradicionalmente lideres de la UE, que tienen una estructura empresarial más sólida desde hace décadas, pero sí el que España esté bajo el promedio de la UE o, todavía peor, en el furgón de cola. Ejemplo de lo anterior es el número de trabajadores promedio: 11,9 en Alemania y 5,9 de media europea, en tanto que la cifra española es de 4,8.
El informe destaca que, al representar el 99,8% de las empresas de nuestro país, el menor tamaño, influye en que la productividad total sea más baja y también en que las empresas españolas sean menos rentables; «una realidad que determina la productividad media del conjunto de la economía». Además, apunta que «este menor tamaño también condiciona sus posibilidades de acceso al crédito y el coste de este —se financian a tipos de interés más caros—. Esto limita sus recursos para innovar, invertir en mejoras y captar y retener talento. De hecho, estas empresas sufren en mayor medida el problema generalizado para cubrir las vacantes que se viene acentuando en el modelo laboral español».
Además del número de trabajadores, otro aspecto subrayado en el informe son las ventas por ocupado de las empresas españolas (329,3 euros/ocupado), medidas en euros de un mismo poder adquisitivo en todos los países. Las mayores brechas se registran con relación a Irlanda (788,7 euros/ ocupado), Bélgica (592,4 euros/ocupado) y Dinamarca (485,5 euros/ocupado). La media de los países europeos analizados es de 362,2, un 10% más que en nuestro país. En esto solo estamos por encima de Rumania y Portugal.
El informe afirma que «las consecuencias de tener un tejido empresarial más pequeño que nuestros socios y competidores europeos acarrea una serie de desventajas, entre ellas, salarios más bajos por sus menores recursos, menos posibilidad de captar y retener talento; menor capacidad para acceder a la financiación necesaria; menor capacidad para exportar e innovar y, en definitiva, menor productividad y competitividad y recursos para afrontar situaciones de crisis. Lo que, finalmente, se traduce en una vida empresarial más corta y en mayores dificultades para perdurar».
Ante estos, y otros asuntos señalados en el informe, CEPYME propone lo siguiente:
- Toda legislación debiera tener en cuenta la verdadera dimensión de la empresa española. Hoy se legisla, prácticamente, como si todas las empresas fueran grandes.
- La calidad normativa debería prevalecer para evitar la sobrerregulación y la burocracia. Por cada norma nueva se debería derogar al menos una norma del mismo rango; es la única forma de contener el aluvión normativo que castiga especialmente a las pymes.
- Reducción de costes, cargas burocráticas y barreras regulatorias. En los últimos años, las continuadas subidas de costes aprobadas afectan especialmente a las empresas de menor tamaño, lastrando sus recursos hacia cuestiones no productivas y mermando por tanto su potencial de crecimiento.
- Marco laboral flexible y estable. Los continuos cambios en la normativa laboral generan una gran incertidumbre para las empresas, especialmente para las pymes, que cuentan con menores recursos. Además, las últimas reformas planteadas por el Gobierno conllevan un fuerte incremento de costes, especialmente en las empresas de menor tamaño, para las que suponen un mayor lastre, ya que el empleo tiene en ellas un mayor peso estructural.
Sería deseable evaluar el impacto de estas medidas en las pymes y su productividad antes de implementarlas.
- Hacer efectivos los escalones regulatorios después de cuatro años consecutivos de cumplimiento de los requisitos. Eso evita que se disparen por un crecimiento circunstancial y da tiempo a la pyme para seguir creciendo, por lo que el umbral regulatorio deja de ser un obstáculo.
- Medidas que promuevan y hagan muy atractiva la fusión de empresas. Por ejemplo, con deducciones fiscales que compensen los costes de fusionarse, un régimen temporal específico que brinde facilidades laborales, tributarias, etc.
- Promover el acceso de las pymes a la financiación alternativa con el fin de permitir la aceleración y consolidación del crecimiento de proyectos.
- Medidas que favorezcan la inversión en pymes españolas por parte de personas físicas y jurídicas ayudarían a financiar su crecimiento.
- Medidas que promuevan la profesionalización de la gestión de las pymes españolas, así como la formación y el re-skilling de los empresarios españoles para poder dirigir sus compañías en el nuevo entorno.
Entre las causas de este menor tamaño destacan la excesiva burocracia y las cada vez mayores cargas normativas, que suponen un fuerte obstáculo para el crecimiento de las empresas. De hecho, cuando comienzan a crecer, uno de los frenos reside en las cargas normativas que soportan al ganar tamaño, unas cargas más exigentes que las que tienen de media las empresas del resto de los países europeos.
Además, esta realidad, en lugar de mejorar, se está viendo agravada en los últimos años. Las nuevas obligaciones ESG (ambiental, social y gobernanza), junto a las medidas que se están aprobando en materia laboral y la política de aumento continuo de costes para las empresas dibujan un escenario hostil para el crecimiento de las compañías españolas.
Facilitar el crecimiento de las pymes españolas conllevaría una mejora de competitividad de las empresas y de la economía española en general. Es una tarea que va en beneficio de todos: empresas, trabajadores y sociedad en su conjunto. Para ello, es imprescindible trabajar en dos campos: la flexibilización de las barreras que limitan el crecimiento empresarial y la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas, poniendo fin a las políticas gubernamentales que han conllevado una escalada de costes para las pymes.
