La Comisión Europea ha pedido a España que impulse la oferta de vivienda, refuerce el gasto en defensa y acelere las inversiones en energía y agua dentro del Semestre Europeo de 2026. Bruselas también reclama medidas contra la pobreza infantil, mejoras en sanidad y educación y una mayor coordinación frente al cambio climático.
La Comisión Europea ha presentado el paquete de primavera del Semestre Europeo de 2026, en el que fija las principales orientaciones económicas y sociales para los Estados miembros en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. En el caso de España, Bruselas considera prioritario reforzar la competitividad, la resiliencia económica y social y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Tras analizar la evolución económica y social del país y evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2025, la Comisión ha emitido una nueva batería de propuestas dirigidas al Gobierno español.
Entre ellas, Bruselas pide que cualquier medida destinada a paliar el impacto de los elevados precios de la energía sea temporal y se dirija específicamente a los hogares vulnerables y a las empresas con un consumo intensivo de energía.
La Comisión también reclama ampliar el parque de viviendas mediante la simplificación de los procesos de concesión de licencias y el incremento de la oferta de vivienda social y asequible.
En materia económica, recomienda impulsar la productividad y la innovación reduciendo la carga administrativa y la fragmentación normativa entre comunidades autónomas, además de facilitar el crecimiento empresarial en sectores de alto valor añadido.
Asimismo, insta a reforzar la sostenibilidad presupuestaria y mejorar la eficiencia del gasto público, al tiempo que aumenta la inversión en defensa.
Otro de los puntos destacados es la mejora del sistema judicial, para lo que Bruselas plantea garantizar una dotación adecuada de personal, avanzar en la digitalización y asegurar la interoperabilidad de los sistemas entre territorios.
En el ámbito medioambiental, la Comisión considera necesario reforzar la coordinación entre administraciones para hacer frente a los efectos del cambio climático y adaptar las infraestructuras críticas. También propone invertir en almacenamiento energético, interconexiones transfronterizas y tecnologías de ahorro de agua, así como fomentar la descarbonización industrial y la electrificación del transporte.
Las recomendaciones incluyen además medidas para combatir la pobreza infantil, reducir el desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral, mejorar las competencias básicas y frenar el abandono escolar temprano. Bruselas también señala la necesidad de reducir las desigualdades territoriales en el acceso a oportunidades y servicios.
En materia sanitaria, la Comisión pide ampliar la capacidad de la atención primaria y de los cuidados de larga duración, hacer frente a la escasez de profesionales y reducir los tiempos de espera.
Por último, insta a España a garantizar la continuidad de las reformas e inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y a acelerar la ejecución de los programas financiados por la política de cohesión europea.
Junto a estas recomendaciones, la Comisión ha evaluado el cumplimiento de las normas fiscales comunitarias por parte de los Estados miembros. Además, abre la puerta a que los países puedan solicitar una mayor flexibilidad presupuestaria para financiar inversiones destinadas a reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, manteniendo las salvaguardias de sostenibilidad fiscal previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
