La Xunta convocará los agentes del sector primario para hacer frente común ante las nuevas políticas europeas para el rural y el mar. La titular de Medio Rural alertó de que el presupuesto para el desarrollo rural queda disminuido y que, de traducirse en cifras este recorte, habrá una reducción aproximada de 80M € anuales para el rural gallego.
La Xunta convocará los agentes del sector primario gallego para hacer una frente común y defender los intereses de Galicia delante de las medidas anunciadas por la Comisión Europea sobre la futura Política Agraria Común (PAC) y el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa).
Así lo trasladaron el 18 de julio las conselleiras do Medio Rural y do Mar, María José Gómez y Marta Villaverde, en su comparecencia en rueda de prensa para explicar la postura del Gobierno gallego y las acciones a adoptar al respecto. Las conselleiras estuvieron acompañadas por el director general de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cervino, y por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.
En este sentido, la titular de Medio Rural recordó que, desde Galicia, en conjunto con otras comunidades autónomas, ya se solicitó al Gobierno central la celebración de una Conferencia Sectorial urgente y, al mismo tiempo, se mantendrá una reunión con agentes del sector para defender, una vez más, que la nueva PAC no puede perder ni su naturaleza ni fondos, y que debe responder a las necesidades del sector primario gallego.
En esta misma línea, Gómez advirtió que la propuesta de la Comisión va en contra de la filosofía de una PAC «fuerte y diferenciada, precisamente para hacer cumplir lo de que fuera ‘común’ a todos los estados miembros». Por eso, añadió, la Xunta considera que la nueva PAC, tal como está planificada, pierde su naturaleza y «deja de ser común», lo que puede ahondar en las desigualdades.
Preocupación por la nueva propuesta
La conselleira reiteró su profunda preocupación delante de una propuesta que el Gobierno gallego no comparte, porque no fueron atendidas ninguna de las peticiones que se hicieron desde Galicia, porque supone un recorte de fondos y porque se le resta importancia a la PAC al integrarse en un fondo común para los gobiernos centrales. Subrayó, asimismo, su carácter «insuficiente e injusto» con un sector que es sostén alimentario y medioambiental.
En este contexto, Gómez denunció la desaparición de la arquitectura tradicional de la PAC, con un fondo independiente basado en dos pilares -las ayudas directas (fondo Feaga) y los programas de desarrollo rural (fondo Feader)-. En trueques-lamentó- todo se integra en un único fondo en el que también entran otros ámbitos como asuntos sociales, defensa, migración, medio ambiente o pesca.
Así, se crea ese fondo general con el único bloqueo de solo determinadas medidas de la PAC, pero cada estado miembro decidirá como distribuye el resto de fondos entre las diferentes intervenciones, especialmente de aquellos que ahora estaban blindados en el segundo pilar a través del fondo Feader.
Recorte de 480 millones de euros para el rural gallego
Por otro lado, Gómez rechazó el recorte de la dotación económica de la PAC, que inicialmente supera el 20 %, pero que -dijo- «intuimos que será más, puesto que hay intervenciones que incrementan ya la cofinanciación que debe poner los países y las comunidades». Añadió que, de traducirse en cifras este recorte, «hablamos de una reducción aproximada de 80 millones de euros anuales para el rural gallego, que significan 480 millones menos en el período». Por tanto, señaló, «no se puede hacer más con menos». En concreto, en el caso del actual según pilar, la conselleira alertó de que «el presupuesto para el desarrollo rural queda disminuido».
María José Gómez recordó que la PAC es uno de los mecanismos más importantes que se gestionan desde las comunidades autónomas y que permite garantizar y mantener la actividad de los ganaderos y agricultores. A mayores, advirtió que, sin este recurso de apoyo directo al sector, los precios de los productos agroalimentarios serían mucho más elevados y esto repercutiría de una manera negativa en el consumidor. Como conclusión, la conselleira recordó también que cada año Galicia gestiona más de 220 millones de euros en ayudas que benefician alrededor de 23.000 ganaderos y agricultores, que se complementan con el resto de ayudas del segundo pilar, cifradas en alrededor de 151 millones de euros de gasto público total.
