«A los percances fitosanitarios y tensiones en los mercados, a los acuerdos arancelarios con los EEUU propios del vasallaje medieval, se une una propuesta de nueva PAC que deja en el limbo el único instrumento de política vitivinícola del que disponemos, la Intervención Sectorial Vitivinícola», manifiesta la asociación agraria Unión de Uniones.
En la reunión sectorial celebrada el 5 de agosto, Unión de Uniones constató, de cara a la nueva campaña, que las cifras que se van apuntando en cuanto a macromagnitudes para la nueva vendimia son muy similares a las del pasado ejercicio (en torno a los 37 – 38 millones de hectólitros).
No obstante, la situación es desigual en función de las distintas regiones. Mientras que Galicia, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha o Extremadura contarán con una producción muy similar a la de la pasada campaña, en las distintas regiones de Castilla y León o Rioja, la plaga del mildiu está poniendo en jaque alcanzar producciones similares.
Con el telón de fondo de una demanda débil y desconfiada, por la guerra arancelaria desatada por la administración Trump, de nuevo, los precios brillan por su ausencia, si acaso, su tendencia es, siempre a la baja respecto a los establecidos en la campaña pasada, tanto en DOP de prestigio, Cava, Rioja, Ribera como en vinos destinados a su comercialización sin IG.
Pero lo que indigna de manera supina al sector es la tomadura de pelo que supone haberse creído el mensaje de que las distintas administraciones lo escuchan y tienen en cuenta, para constatar, después, que nada de lo que se propone se lleva a la práctica.
“De qué sirven las reuniones referidas al Paquete Vino, las visiones estratégicas, los cantos de sirena que loan la importancia económica y social de este sector, si luego somos carne de cañón a la hora de establecer pactos comerciales bajo presión, de cuadrar presupuestos que redundan en menos Europa, de ser, ya no moneda de cambio, sino tan solo calderilla en bolsillos manirrotos dispuestos a pagar energía más cara y gastos en defensa en beneficio de un lobby de poder fáctico repulsivo”, se pregunta la sectorial vitivinícola.
Y mientras, seguimos con en un escenario marcado por amenazas de diversa índole: la escasa protección que la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria genera en la necesaria contractualización con entre productores y bodegas, la necesidad de medidas reales y palpables que permitan su reestructuración, la ausencia de estrategias que garanticen su mera supervivencia, que atiendan a las necesidades de la producción, que garanticen un relevo generacional y que eviten la deriva hacia un descepe generalizado en amplias zonas del Estado.
