La Comisión Europea ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España y Malta por no haber transpuesto en plazo una directiva destinada a actualizar los criterios que determinan el tamaño de las empresas y grupos empresariales en la Unión.
La Comisión Europea decidió el pasado 30 de enero llevar a España y Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, relativa al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos clasificados como micro, pequeños, medianos y grandes.
Esta Directiva tiene como objetivo actualizar y adaptar, teniendo en cuenta el impacto de la inflación desde 2013, los criterios utilizados para determinar el tamaño de las empresas a efectos de la Directiva sobre contabilidad. Con ello, se pretende garantizar que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no queden sujetas a disposiciones de la Unión Europea en materia de información financiera y de sostenibilidad que están concebidas para empresas de mayor tamaño, contribuyendo así a la reducción de la carga administrativa.
El plazo para que los Estados miembros transpusieran íntegramente esta Directiva a su Derecho nacional finalizó el 24 de diciembre de 2024. Hasta el momento, la mayoría de los países de la Unión Europea ha declarado haber completado dicha transposición. Sin embargo, España y Malta no han notificado aún a la Comisión sus medidas nacionales de transposición.
Ante esta situación, la Comisión envió cartas de emplazamiento a ambos Estados miembros el 31 de enero de 2025 y, posteriormente, dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. A juicio de la Comisión, los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales han sido insuficientes, ya que sigue sin haberse notificado la plena transposición de la Directiva. Por este motivo, se ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Contexto
La Directiva Delegada (UE) 2023/2775 concede especial importancia a que las empresas y los grupos empresariales estén sujetos a obligaciones reglamentarias proporcionales a su tamaño real. Su transposición resulta fundamental para el correcto funcionamiento del mercado único, al garantizar la coherencia y comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la Unión y asegurar que empresas o grupos de tamaño similar estén sometidos a las mismas obligaciones jurídicas, manteniendo así unas condiciones de competencia equitativas.
