El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE abordará el próximo 23 de febrero el diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2027-2034. España defenderá que las ayudas sigan orientadas a la renta de agricultores y ganaderos y planteará que las recomendaciones de la Comisión Europea no sean vinculantes.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió por videoconferencia el Consejo consultivo de política agraria para asuntos comunitarios, reunión preparatoria del próximo Consejo de Agricultura que se celebrará en Bruselas.
El encuentro europeo estará centrado en la elaboración de la Política Agraria Común para el periodo 2027-2034. La Comisión Europea prevé presentar en verano un documento con recomendaciones a los Estados miembros para la redacción de sus planes estratégicos nacionales.
España considera que esas recomendaciones no deberían tener carácter vinculante y que deben contemplar las circunstancias específicas y coyunturales del sector agrario en cada país. El Gobierno defiende que la política de rentas continúe siendo el principal bloque presupuestario de la PAC y que los pagos directos se orienten a la renta de las explotaciones.
En la reunión también se abordó la revisión de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. España trasladará su reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión en esta materia, aunque sostiene que la nueva normativa debería reforzar y armonizar las reglas existentes. El Ejecutivo subraya la necesidad de evitar retrocesos respecto a legislaciones nacionales ya vigentes y de vigilar posibles concentraciones de poder de compra que puedan derivar en condiciones abusivas.
El Consejo debatirá además las prioridades estratégicas de la Unión Europea ante la FAO para 2026 y 2027, así como la coordinación con otros organismos del sistema de Naciones Unidas en materia de seguridad alimentaria. También se tratará la posición común europea ante el calendario electoral previsto en las agencias con sede en Roma, con el objetivo de acordar un procedimiento para la designación de una candidatura única europea.
