La Xunta, Asaga y Unións Agrarias firmaron el 12 de febrero una declaración conjunta para reforzar las garantías al sector primario ante la posible entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur. El documento incluye 11 demandas dirigidas a la UE y al Gobierno central, entre ellas controles en frontera y auditorías en origen.

La Xunta de Galicia y las organizaciones profesionales agrarias Asaga y Unións Agrarias firmaron el 12 de febrero en Santiago de Compostela una declaración conjunta para reclamar una aplicación práctica reforzada del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, en caso de que el tratado entre en vigor.

El documento fue suscrito en una reunión presidida por el presidente gallego, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y con la participación del secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, y del presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello.

La declaración recoge 11 demandas dirigidas a las instancias comunitarias y al Gobierno central. Entre ellas, se incluye la exigencia de un plan reforzado y verificable de controles en frontera y auditorías en origen, así como la creación de planes específicos de control para garantizar que solo accedan al mercado europeo productos que cumplan la legalidad comunitaria.

El texto también reclama que la aplicación del acuerdo contemple la posibilidad de que se produzca un daño limitado a una zona geográfica concreta, sin necesidad de esperar a una problemática general en el ámbito europeo. Además, solicita que el Ministerio eleve de manera urgente a la Comisión Europea cualquier sospecha de incumplimiento y que mantenga una interlocución técnica estable y periódica con las comunidades autónomas y el sector.

Entre las medidas planteadas figura asimismo la creación de una unidad de seguimiento especializada del acuerdo, con control de importaciones, precios y canales, y la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana con comunicación ágil y transparente hacia las autonomías y organizaciones sectoriales.

El acuerdo incorpora también compromisos ya avanzados por el Ejecutivo autonómico en el Consello da Xunta, como el refuerzo de los controles sobre importaciones dentro de sus competencias, la creación de una comisión interdepartamental específica, el impulso de las estrategias de comercialización exterior y promoción interna de productos gallegos —incluida la carne de vacuno de calidad certificada— y la puesta en marcha del Observatorio de Precios. Asimismo, se prevé impulsar la autonomía alimentaria de las explotaciones mediante el incremento de su base territorial.

En relación con la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2028, la conselleira recordó que existe un acuerdo general con las organizaciones profesionales agrarias gallegas para rechazar la propuesta de la Comisión Europea, al considerar que supone un recorte de más del 22 % en los fondos y que no blinda la actual estructura en dos pilares diferenciados —ayudas directas y desarrollo rural—.

El 13 de febrero, María José Gómez trasladó estas demandas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con motivo del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Comunitarios. La conselleira explicó que el documento ya fue remitido oficialmente al Ministerio y reiteró la necesidad de proteger a agricultores y ganaderos ante posibles “flutuaciones de mercado”, así como de hacer cumplir la Ley de la cadena alimentaria en caso de alteraciones en la cadena de valor.

En ese contexto, también celebró el anuncio del ministro de solicitar a la Unión Europea la activación del fondo de emergencia por las intensas lluvias de las últimas semanas y pidió que, de aprobarse, los recursos lleguen a los productores gallegos.