La Rioja abre la convocatoria de cosecha en verde para 2026 mientras cuestiona la escasa financiación estatal. La medida busca aliviar el exceso de producción, pero con recursos limitados. Los beneficiarios deberán ejecutar la retirada de uva antes del 15 de julio. Con una dotación estatal de 15,9 millones de euros,El Gobierno de La Rioja ha abierto la convocatoria de ayudas a la cosecha en verde para 2026, una herramienta destinada a reducir la producción de uva y aliviar el desequilibrio del mercado vitivinícola. La medida llega marcada por la crítica del Ejecutivo autonómico al presupuesto asignado por el Ministerio de Agricultura, considerado insuficiente para cumplir su objetivo.

La convocatoria mantiene los criterios de campañas anteriores, priorizando a los viticultores profesionales frente a los no profesionales. También otorga mayor puntuación a determinadas condiciones, como la retirada de uva de tempranillo tinto en viñedos jóvenes, las solicitudes colectivas o la pertenencia a explotaciones agrarias prioritarias.

Entre las novedades, se introducen incentivos al relevo generacional, con puntos adicionales para menores de 40 años, y al impulso de la titularidad compartida. Asimismo, se valorará el compromiso de arranque de viñedo y la estabilidad en la titularidad de las parcelas.

El sistema de ayudas se basa en compensar tanto la pérdida de ingresos por no cosechar como los costes de ejecución de la retirada de uva. El cálculo toma como referencia un precio medio de 0,72 euros por kilo y un rendimiento máximo de 6.500 kilos por hectárea, además de un coste estimado de 533 euros por hectárea en caso de eliminación manual.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 23 de abril, con resolución prevista antes de finales de junio. Los beneficiarios deberán ejecutar la retirada de uva antes del 15 de julio.

Pese a los ajustes técnicos introducidos tras varias campañas, la convocatoria vuelve a evidenciar las limitaciones presupuestarias de una medida clave para el sector. Con una dotación estatal de 15,9 M€, el margen para corregir el exceso de oferta y sostener la rentabilidad de los viticultores sigue siendo reducido.