La nueva norma reconocerá el carácter estratégico del sector agroalimentario vasco y buscará fortalecer toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la gastronomía. El texto pone el foco en el relevo generacional, la protección del suelo agrario y el impulso a la producción local y sostenible.
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, presentó el 15 de mayo la nueva Ley de Agricultura, Alimentación y Gastronomía de Euskadi, una norma con la que el Ejecutivo autonómico pretende actualizar el marco legal del sector agroalimentario vasco.
El nuevo texto plantea una reforma integral orientada a reforzar la rentabilidad y competitividad del primer sector, garantizar el relevo generacional, proteger la tierra agraria y fortalecer toda la cadena alimentaria vasca, desde la producción hasta la gastronomía.
La futura ley sustituirá a la actual normativa, aprobada hace más de 16 años, e incorporará nuevos retos estratégicos para Euskadi, como la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la digitalización, la economía circular, la adaptación al cambio climático y el refuerzo de la capacidad productiva propia ante un contexto internacional marcado por la inestabilidad.
Entre las principales novedades, la ley reconocerá por primera vez el carácter estratégico esencial del sector agroalimentario vasco e incluirá medidas para garantizar su viabilidad en situaciones de crisis o inestabilidad internacional. También reforzará la consideración de la alimentación y la producción local como elementos clave para la resiliencia económica y territorial de Euskadi.
La norma reforzará además la protección de la Superficie Agraria Útil y establecerá mecanismos para facilitar el acceso de jóvenes agricultores a la tierra mediante instrumentos de intermediación, la gestión activa de terrenos públicos y comunales y medidas frente al abandono del suelo agrario.
El texto contempla también herramientas para preservar los suelos agrarios estratégicos, incluyendo fórmulas como derechos de tanteo y retracto o limitaciones vinculadas a usos incompatibles con la actividad agraria.
Otro de los ejes de la futura ley será el fortalecimiento de la agricultura familiar y de base social, que contará con un reconocimiento expreso como modelo prioritario para el desarrollo rural de Euskadi.
La normativa incorporará además políticas para favorecer el relevo generacional y aumentar la presencia de mujeres en el sector, reforzando la cotitularidad de las explotaciones, los servicios de apoyo y el cooperativismo agrario.
En materia de sostenibilidad, la ley integrará el enfoque “One Health”, impulsará la agricultura regenerativa y ecológica y promoverá medidas de adaptación al cambio climático, economía circular y reducción del desperdicio alimentario.
El nuevo marco legal incorporará también la gastronomía como parte estratégica de la cadena de valor alimentaria vasca, vinculando la proyección internacional de la cocina vasca con el fortalecimiento de la producción local y el consumo de producto de Euskadi.
Asimismo, incluirá medidas para impulsar los circuitos cortos de comercialización, reforzar los distintivos de calidad y origen y fomentar la compra pública alimentaria de producto local y de calidad.
La ley también buscará fortalecer la posición del productor dentro de la cadena alimentaria mediante medidas orientadas a mejorar el poder negociador del sector y favorecer una distribución más equilibrada del valor añadido.
Además, el Gobierno Vasco prevé reforzar las herramientas de seguimiento y gobernanza de la cadena alimentaria, incluyendo el impulso del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi.
El texto incorporará igualmente medidas de apoyo a la innovación, la transferencia tecnológica y la digitalización del sector, así como actuaciones para modernizar la cadena forestal y de la madera y avanzar en la simplificación administrativa.
Durante la presentación, Amaia Barredo aseguró que la futura ley pretende garantizar “que Euskadi mantenga capacidad productiva, un medio rural vivo y competitivo”. La consejera anunció además la apertura de un proceso de participación con organizaciones agrarias, cooperativas, industria alimentaria y sector gastronómico antes del inicio de la tramitación parlamentaria.
