CEOE celebrará el próximo 9 de septiembre en Ceuta la reunión de sus órganos de gobierno, una decisión con la que la organización empresarial quiere mostrar su respaldo a la ciudad autónoma ante la situación creada tras los acontecimientos registrados a finales de julio.
La reunión estará presidida por Antonio Garamendi y contará con la asistencia de los vicepresidentes de CEOE y de los principales responsables territoriales de la organización. Entre los asuntos previstos figuran la situación de la seguridad y la logística en Ceuta y sus consecuencias sobre el normal desarrollo de la actividad económica.
El encuentro servirá también para analizar el catálogo de medidas urgentes elaborado por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y trasladado al Ministerio de Economía para proteger al tejido económico y social de la ciudad.
La propuesta plantea la puesta en marcha de un Plan extraordinario de Recuperación y Protección Económica de Ceuta que actúe sobre la solvencia y la liquidez de las empresas, la deuda, el empleo y la seguridad, con el objetivo de evitar que la actual situación termine repercutiendo sobre el consumo y la inversión.
Entre las medidas reclamadas figuran moratorias o aplazamientos temporales de las obligaciones con la Administración para facilitar liquidez a las empresas, así como ayudas directas destinadas a compensar los perjuicios económicos derivados de la crisis.
También se solicitan facilidades para reestructurar y refinanciar la deuda, de forma que las empresas puedan adaptar los vencimientos y su carga financiera a la nueva situación, además de actuaciones dirigidas a proteger y mantener el empleo.
Las propuestas incluyen igualmente una línea extraordinaria de ayudas para afrontar los costes adicionales de vigilancia, protección y seguridad privada, junto con una simplificación administrativa que permita agilizar la concesión y ejecución de las medidas.
CEOE ha vinculado la celebración de sus órganos de gobierno en Ceuta con su respaldo a la ciudad autónoma y con la defensa de la continuidad de la actividad empresarial. La organización considera necesario reforzar la seguridad y recuperar la normalidad económica y social ante una situación que, de prolongarse, podría afectar a empresas, trabajadores, consumo e inversión.
