El estudio de costes de producción elaborado por la Junta de Castilla y León para la campaña 2026 sitúa en 0,92 euros por kilo el coste de referencia de la uva en la D.O.P. Ribera del Duero, aunque la cifra varía en función del rendimiento y del sistema productivo de cada explotación.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha presentado un estudio sobre los costes de producción de la uva destinada a vinificación en la D.O.P. Ribera del Duero. El análisis establece tres escenarios para reflejar las diferencias existentes entre las explotaciones y servir como referencia para conocer la estructura de costes del viñedo.
En el escenario de baja tecnología, con un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea, el coste de producción se sitúa en 1,09 euros por kilo. El escenario considerado de referencia, calculado sobre una producción de 4.700 kilos por hectárea, reduce el coste hasta 0,92 euros por kilo, mientras que en el de alta tecnología, con un rendimiento de 6.000 kilos por hectárea, desciende hasta 0,79 euros.
La Junta precisa que los 0,92 euros por kilo no constituyen un precio recomendado para la uva, sino una referencia vinculada al rendimiento utilizado en el modelo. El estudio pretende aportar información sobre la formación de los costes y facilitar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
La mano de obra constituye la principal partida de gasto. En el escenario de referencia representa aproximadamente el 52,8 % del coste total de producción, por encima del resto de conceptos analizados.
Vendimia adelantada
La publicación del estudio coincide con una vendimia adelantada en Castilla y León. Hasta el 21 de septiembre habían entrado en las bodegas de la comunidad 260,6 millones de kilos de uva, equivalentes al 79 % de la previsión inicial. En la D.O.P. Ribera del Duero se habían recogido 84,43 millones de kilos, alrededor del 63 % de la cosecha prevista.
La Consejería prevé además reforzar los controles sobre los contratos, los plazos de pago y las posibles situaciones de destrucción de valor para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
