El sector agrario valenciano se movilizará el 29 de enero en Valencia para reclamar cambios profundos en las políticas agrarias europeas y nacionales. Las asociaciones agrarias alertan de que los acuerdos comerciales sin reciprocidad, los recortes de la PAC y el exceso de burocracia ponen en riesgo la competitividad del sector.
Las principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana —AVA-ASAJA, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, CCPV-COAG y UPA-PV—, con el respaldo de Cooperatives Agro-alimentàries, han convocado una tractorada y manifestación en la ciudad de Valencia el próximo 29 de enero, una movilización que coincidirá con otras protestas en distintos puntos de España y que se ha denominado el “superjueves” del campo español. En otras comunidades también habra protestas de las organizaciones agrarias.
El eje central de la protesta será el rechazo a los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, en especial el tratado con Mercosur. Las organizaciones agrarias exigirán que se rechace la propuesta actual del acuerdo y reclaman un estudio de impacto objetivo y creíble sobre el sector agrario, así como la inclusión de cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y un principio de complementariedad con la producción europea. En la misma línea, demandan la revisión de todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.
Otra de las grandes reivindicaciones se centra en la Política Agrícola Común y el futuro marco financiero europeo. El sector se opondrá a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, un recorte del 22 % del presupuesto, la eliminación de sus dos pilares tradicionales, un aumento de la complejidad administrativa y una tendencia hacia la renacionalización de los fondos, lo que, según los convocantes, supone el desmantelamiento de su especificidad histórica.
La simplificación normativa y la seguridad jurídica constituyen otra de las demandas históricas del sector. Las organizaciones reclaman regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad, la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación y una reorientación de las políticas del Gobierno español que priorice la agricultura frente a las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos. En este sentido, pedirán sustituir la Ley de Restauración de la Naturaleza por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Las reivindicaciones incluyen también un refuerzo de los controles fitosanitarios frente a plagas y enfermedades. El sector solicita intensificar y armonizar los controles en los puertos de entrada, realizar inspecciones en origen, ampliar y endurecer el tratamiento en frío y, en caso de incumplimientos reiterados, suspender las exportaciones a la Unión Europea.
En materia de agua, las organizaciones agrarias reclaman una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir recursos hídricos, el redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta decidida por la reutilización de las aguas depuradas. Asimismo, demandan la mejora de los seguros agrarios para que cubran todos los riesgos derivados del clima y de la fauna salvaje, así como el impulso de autorizaciones excepcionales de fitosanitarios cuando no existan alternativas eficaces frente a plagas y enfermedades vegetales.
El cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria es otra de las exigencias, con la prohibición expresa de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción. A ello se suma la petición de aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje, adaptar la reforma laboral a las necesidades de las campañas agrarias, actualizar los módulos del IRPF agrario y revisar el Código Penal, además de aumentar los recursos destinados a la lucha contra los robos en el campo.
La manifestación partirá a las 10 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y concluirá ante la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes agrarios expondrán unas reivindicaciones que, según advierten, no solo afectan a los agricultores, sino al conjunto de la sociedad y al modelo de alimentación europeo.
