Las organizaciones europeas de agricultores y cooperativas consideran insuficiente el mecanismo de salvaguardia incluido en la reforma del CBAM para fertilizantes. Apuntan que el umbral fijado por Europa dificultará su activación incluso en situaciones de fuerte tensión en los mercados.
Las organizaciones agrarias europeas Copa-Cogeca han mostrado su preocupación tras la adopción por parte de los ministros de Finanzas de la Unión Europea de la posición común sobre la reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), especialmente en lo relativo a los fertilizantes.
Aunque el texto incorpora un mecanismo de salvaguardia destinado a proteger al sector ante posibles crisis de suministro o fuertes incrementos de precios, las organizaciones consideran que las condiciones para activarlo son demasiado exigentes. Según el acuerdo alcanzado, la medida solo entraría en funcionamiento si el precio de los fertilizantes importados aumenta más de un 50 % respecto a la media de la última década.
Copa-Cogeca sostiene que este umbral hace prácticamente imposible la activación de la salvaguardia, incluso en escenarios de elevada volatilidad. Como ejemplo, señala las tensiones registradas este año en el estrecho de Ormuz, que han provocado incertidumbre en los mercados internacionales y, según la organización, han evidenciado cómo la aplicación del CBAM puede agravar las subidas de costes.
Los fertilizantes representan uno de los principales gastos de producción para las explotaciones agrícolas europeas, especialmente en el caso de los cultivos herbáceos. Por ello, las organizaciones agrarias advierten de que una protección insuficiente podría afectar a la rentabilidad de las explotaciones, a la producción de alimentos y, en última instancia, a los precios para los consumidores.
Además, Copa-Cogeca estima que la aplicación del CBAM supondrá en 2026 un coste adicional de unos 820 millones de euros para los agricultores de la Unión Europea, una carga que previsiblemente aumentará a medida que el mecanismo se despliegue plenamente hasta 2034.
Ante esta situación, la organización ha pedido al Parlamento Europeo que revise el sistema y establezca criterios de activación más realistas para garantizar una respuesta efectiva ante futuras perturbaciones del mercado.
