El Consejo Estatal de la Pyme ha analizado el Informe de Morosidad 2025 y la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, que plantea medidas para reforzar la competitividad del tejido empresarial y corregir sus principales debilidades.
La morosidad empresarial continúa siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en España. Así se desprende del Informe de Morosidad 2025, presentado en el Consejo Estatal de la Pyme, que constata que el periodo medio de pago en el sector privado se mantiene por encima del límite legal, mientras que las administraciones públicas ya cumplen los plazos establecidos.
Según el informe, las empresas pagan de media en 64 días, de acuerdo con los datos del Banco de España, y en 67 días, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, superando el máximo legal de 60 días. Además, seis de cada diez empresas denuncian la imposición de plazos de pago indebidos, una situación que afecta especialmente a las pymes y microempresas.
Ante este escenario, el Consejo Estatal de la Pyme ha señalado la necesidad de reforzar los mecanismos de control, mejorar la trazabilidad de los pagos mediante la factura electrónica y avanzar en herramientas que garanticen el cumplimiento efectivo de los plazos legales.
La reunión también ha servido para presentar la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, que mantiene la estructura del plan vigente, pero adapta sus objetivos a los retos actuales y a las prioridades de la Unión Europea.
El marco se articula en seis ejes de actuación: crecimiento empresarial, talento, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización. Su objetivo es mejorar la competitividad de las pymes y corregir algunas debilidades estructurales del tejido empresarial español, caracterizado por el predominio de las microempresas, que representan el 92,9 % del total, y por una brecha de productividad del 37 % respecto a la media de la Unión Europea.
La estrategia se apoyará en medidas ya aprobadas, como la Ley Crea y Crece, la Ley de Startups y los instrumentos del Plan de Recuperación, además de reforzar la coordinación entre administraciones y agentes económicos.
