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El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias que incluye destilación de crisis, almacenamiento privado y cosecha en verde para paliar la situación que atraviesa el sector vitivinícola por causa de la pandemia provocada por el COVID-19. El valor del conjunto de medidas asciende a 90,5 millones de euros.

Destilación de crisis, para 2 millones de hectolitros, tendrá cupos separados para vinos con denominación de origen y resto de vinos. Esta medida cuenta con una dotación de 65,5 millones de euros, con importes de ayuda de 40 euros por hectólitro para los vinos con D.O. y de 30 euros por hectólitro para el resto de vinos.

El importe de la ayuda incluye los costes de suministro y los de destilación del vino. Además, se abonarán suplementos adicionales cuando la distancia a la destilería sea superior a 150 kilómetros. El alcohol obtenido deberá utilizarse en fines industriales y energéticos, nunca de boca o alimentarios.

En cuanto a las ayudas al almacenamiento privado, para 2,25 millones de hectólitros, están orientadas exclusivamente a vinos con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida que, con la recuperación del mercado, retomarán sus cotización y ritmo de ventas.

Esta medida está dotada con 15 millones de euros, con un importe de ayuda de 0,027 euros por hl de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 369 días en caso de tintos.

Los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, salvo para los espumosos que, por su proceso de elaboración, se almacenan en botella.

Por lo que respecta a la cosecha verde, que se aplicará por primera vez en España, cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.  Se aplicará en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas.

Medidas de regulación del mercado

Estas medidas adoptadas por el Gobierno van acompañadas de medidas de regulación del mercado como limitaciones de rendimientos máximos de uva por hectárea y de un posible incremento del volumen de alcohol exigido en los subproductos resultantes de la elaboración del vino, en caso de que la situación del mercado en cada campaña así lo recomendase.

Con estas medidas, según declara el Gobierno, se respalda a un sector fundamental para la economía agraria española cuyo valor de producción supera los 1.200 millones de euros anuales y que constituye más del 4% de la producción vegetal.

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