La presión legislativa sobre el comercio alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros comparables. A lo largo del año se aprobaron o modificaron 1.411 textos normativos, lo que equivale a 3,8 nuevas normas cada día que los comercios tuvieron que conocer y aplicar.
La cifra supone un nuevo récord y consolida una tendencia de crecimiento sostenido que se arrastra desde 2022, o incluso desde 2020 si se tiene en cuenta el contexto excepcional de la pandemia.
El volumen contrasta con claridad con el escenario previo a la Covid-19. En 2019 se aprobaron 476 normas, casi una tercera parte de las registradas en 2025. Desde entonces, la carga normativa no ha dejado de aumentar durante seis años consecutivos, alejándose de los objetivos de simplificación legislativa anunciados por las administraciones públicas.
Según el estudio elaborado por ASEDAS a partir de datos de la consultora WorldLex, el crecimiento normativo sigue siendo generalizado, aunque con comportamientos distintos según el nivel administrativo. La Comisión Europea volvió a liderar la actividad legislativa, con 453 normas aprobadas o modificadas en 2025, nueve más que el año anterior. En paralelo, el conjunto de las administraciones españolas (Estado, comunidades autónomas y principales ayuntamientos) sumó 958 textos.
Dentro del ámbito nacional, las comunidades autónomas fueron las más activas, con 547 normas, superando las cifras de 2024. La Administración central registró una ligera moderación, con 326 nuevas leyes o modificaciones, mientras que las administraciones locales incrementaron su actividad hasta las 85 normas, veinte más que el año previo.
El análisis por materias muestra que el medio ambiente vuelve a ser el ámbito más regulado, concentrando aproximadamente un tercio de toda la actividad legislativa. En total, se aprobaron o modificaron 481 normas relacionadas con cuestiones como eficiencia energética, diseño ecológico o protección ambiental. Destacan especialmente las iniciativas autonómicas, con 275 textos, y las europeas, con 113. Entre estas últimas figura el Reglamento Europeo de Envases, que, según el sector, supondrá una elevada carga para las empresas.
La seguridad alimentaria ocupa el segundo lugar entre las áreas con mayor densidad normativa. Solo en el ámbito europeo se aprobaron 190 normas sobre almacenamiento, conservación, transporte, controles oficiales o protección animal. En conjunto, este bloque suma 282 textos y configura un sistema normativo especialmente garantista para el consumidor, en particular en productos de alimentación.
Otras áreas con una elevada producción legislativa fueron las cuestiones laborales —que incluyen gestión de recursos humanos y seguridad en el trabajo— con 138 textos, y la administración empresarial, con 287 normas relacionadas con ámbitos tan diversos como licencias urbanísticas o inteligencia artificial. Este último capítulo registró uno de los mayores incrementos respecto a 2024, con 77 normas adicionales.
En cuanto a la fabricación, importación y comercio de productos, la actividad normativa se concentró especialmente en los productos agrarios, con 27 leyes, de las cuales 21 proceden de la Unión Europea, lo que implica un impacto directo en toda la cadena agroalimentaria.
Para los supermercados y mayoristas de alimentación, 2025 dejó varias normas de especial relevancia, como la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible y la Ley de servicios a la clientela. “Todas ellas inciden en muchos aspectos que las empresas de distribución alimentaria ya aplicaban, pero amplían trámites administrativos que suponen nuevas cargas y nuevos costes”, comenta Alberto Peironcely.
La mirada está ahora puesta en 2026, con preocupación por varias iniciativas laborales aún en tramitación, entre ellas el control del fichaje sincronizado con la Inspección de Trabajo, la posible subida del salario mínimo o los nuevos permisos retribuidos por defunción o cuidado de menores. Desde el sector se insiste en la necesidad de marcos regulatorios claros y previsibles para poder planificar inversiones y plantillas.
En el ámbito europeo, generan especial debate el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida. Ambos forman parte de un conjunto de dosieres afectados por las propuestas de simplificación impulsadas por la Comisión Europea a través de los llamados Reglamentos Ómnibus. Sin embargo, “estamos ya en el Paquete Ómnibus número 10, lo que es muy preocupante en términos de calidad legislativa: si es preciso lanzar diez normas para modificar otras ya publicadas es que algo se está haciendo mal”, dijo Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS y miembro del Comité Económico y Social Europeo.
