Representantes de la organización agraria, entre ellos Eduardo Pérez, participaron el 31 de enero en la reunión del Grupo Vino del COPA-COGECA en la que solicitaron a las administraciones la adopción de acciones concretas como la prórroga sistemática de la autorización de todas las autorizaciones de plantación y una revisión de la actual PAC.

ARAG-ASAJA llevó a Bruselas una batería de propuestas orientadas a la recuperación de la rentabilidad de los viticultores europeos. El presidente de la organización agraria riojana y vicepresidente nacional de ASAJA, Eduardo Pérez, asistirá mañana junto al resto de representantes para participar en la reunión del Grupo del Vino del COPA-COGECA de Bruselas. Y es que tras analizar la compleja situación por la que atraviesa el sector, con precios bajos que no se corresponden a la corta cosecha de este año; un alarmante desequilibrio entre producción y comercialización de vinos y una falta de rentabilidad que cada vez afecta a más explotaciones, ASAJA considera inevitable la adopción de medidas coyunturales y estructurales encaminadas a frenar esta grave situación por la que atraviesan los viticultores. La exigencia de la puesta en marcha de estas medidas se dirige a las instituciones comunitarias, que son las que tienen el marco competencial para ponerlas en marcha, ello sin perjuicio de otras medidas que, de forma complementaria están siendo solicitadas al Ministerio de Agricultura o a las Consejerías de las respectivas Comunidades Autónomas. Ni siquiera una de las cosechas más bajas de los últimos diez años, 34 millones de hectolitros frente a los 41 de la campaña pasada, ha servido para mejorar unos precios de la uva que en la mayoría de las zonas productoras han sido similares a los pagados hace un año, y en el caso de algunas variedades tintas, incluso inferiores. De esta tendencia de precios ruinosos no se han librado ni los vinos más prestigiosos. A esta situación debemos añadir dos circunstancias más: por un lado, un importante desequilibrio entre producción y comercialización de los vinos (principalmente tintos) que viene motivado, fundamentalmente, por unas cifras muy bajas de consumo (en 2023 ha caído un 6,5 % respecto a 2022) y por otro, el desmesurado aumento de los costes de producción que no se ha visto compensado para los productores. Todo ello está provocando que muchas explotaciones vitícolas dejen de ser rentables y que su viabilidad futura se vea, cada vez, más comprometida.

Medidas que exigen implicación de todas las administraciones

ASAJA reclama a las administraciones, central y comunitaria, la adopción de nuevas medidas:

• La flexibilización de las medidas actuales de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), en concreto, promoción, reestructuración y reconversión, destilación de subproductos, inversiones y cosecha en verde, con el fin de que no se pierda presupuesto comunitario y se pueda destinar a paliar la situación. En el ejercicio 2023, España dejó de ejecutar 30,4 millones de euros del total de 202,10 millones de euros con los que contaba nuestro país, lo que representa más de un 15% de la asignación anual para este sector.
• La modificación del mecanismo actual para la aprobación del incremento de masa vegetal y que únicamente puedan repartirse nuevas autorizaciones de viñedo cuando exista rentabilidad para los viticultores y con un acuerdo mayoritario del propio sector.
• El incremento de las prestaciones vínicas del 10 al 15%, que permite Bruselas.
• Con el fin de adaptar la oferta a la demanda y obtener mayor calidad en los vinos, disminuir el rendimiento de transformación de la uva en vino.
• La instauración de una prórroga sistemática de todas las autorizaciones de plantación (replantación o nuevas plantaciones de 3 a 6 años). Dado que hoy no tiene sentido obligar a los productores a replantar urgentemente para no perder sus autorizaciones. Se les debe dar tiempo para que tomen las decisiones correctas en cuanto a la variedad de uva, la ubicación de las parcelas y el método de producción.
• La introducción de una medida de reestructuración diferida: basada en los principios de la reestructuración de viñedos existente, pero separándola en dos fases, la de arranque y la de replantación. Así, la solicitud de ayuda se presentaría para la parte de arranque del viñedo y se abonaría durante la misma campaña del arranque sobre la base de un coste a tanto alzado del 50% del coste del arranque. El interés del viticultor de replantar en el plazo de 3 años se realizaría sin necesidad de que sea obligatorio en el mismo momento de la solicitud de arranque, la parcela o variedad de uva seleccionada, con el fin de dar tiempo al proyecto de plantación para adaptarse a las futuras condiciones del mercado. Esta medida podría convivir con el sistema de la plantación “clásica” que respete las normas actuales de reestructuración del viñedo pero que se iniciaría después de 2 ó 3 campañas tras el arranque.
• La revisión de la actual PAC para el análisis de la puesta en marcha de la medida de arranque de viñedo a nivel europeo, al no existir en estos momentos marco jurídico que lo ampare, y su adaptación a cada país y región productora.