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Bodegas Familiares de Rioja ha enviado a las instituciones, Consejo Regulador, gobiernos autonómicos y Ministerio de Agricultura, una propuesta para estudiar el arranque, siempre voluntario y financiado, de hasta 6.700 hectáreas de viñedo de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca.) Rioja, equivalente al 10% de su superficie actual.

La asociación de pequeñas y medianas bodegas considera que la crisis actual está condicionada por factores coyunturales, pero también estructurales que hacen necesaria la revisión en profundidad de un modelo que ha apostado más por la producción de uva barata que de vinos de calidad: «Ante unas perspectivas de consumo mundial a la baja, y con un modelo productivo que no garantiza la rentabilidad a sus viticultores desde hace ya cinco campañas, es necesario tomar medidas como el arranque voluntario, selectivo y cualitativo de viñedos», explica Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares de Rioja. «Lo que estamos ahora mismo viviendo casi todas las bodegas -agrega- son llamadas y visitas de viticultores pidiendo que por favor les compremos el viñedo o que se lo llevemos a renta, incluso a coste cero, en un momento casi de desesperación».

La propuesta de Bodegas Familiares plantea incentivar los arranques voluntarios con 10.000 euros por hectárea y con la pérdida del derecho administrativo de cultivo y replantación durante un periodo de al menos ocho años: «En Burdeos ya se están arrancando viñedos con una prima de 6.000 euros por hectárea, pero aquí tenemos el problema, único en el mundo, y es que los permisos de plantación, pese a ser un derecho administrativo, siguen teniendo un valor en el mercado negro», indica Juan Carlos Sancha, vicepresidente de Bodegas Familiares. «El valor especulativo de estos permisos -continúa-, que debería ser nulo, está bajando por la depreciación de Rioja, pero, mientras exista, la única forma factible de arranque son estas renuncias temporales al cultivo y la replantación por ese periodo mínimo de ocho años». La legislación actual establece en cinco años el plazo máximo para la caducidad de los permisos de plantación, por lo que sería necesaria una reforma de la misma para ampliarla hasta los ocho años para lo que es necesaria la implicación del Ministerio de Agricultura.

La propuesta de Bodegas Familiares de Rioja es de arranque selectivo por cuanto los beneficiarios serían únicamente titulares de viñedos plantados en suelos de escasa o nula aptitud vitícola y prohibidos expresamente para viñas de más de 40 años: «En las crisis», detalla Juan Carlos Sancha, «la primera víctima siempre es la más débil y en este caso el más débil es el viñedo viejo, de baja producción, que debemos proteger a toda costa porque, si seguimos sin hacer nada, será el primer en arrancarse por lo que algunos ya están llamando la selección natural».

Eduardo Hernáiz considera que «lo que no puede ser es que el Consejo Regulador siga esperando a una recuperación de ventas que no llega, ni aún tirando los precios como podemos ver en cualquier lineal de supermercado, y lo confíe todo a las ayudas públicas a la vendimia en verde y la destilación, mientras se siguen sin afrontar compromisos para producir con mayor calidad y trabajar a medio plazo para que viticultores y bodegas recuperen la rentabilidad». «Nosotros -continúa- somos partidarios de que estas ayudas públicas coyunturales se mantengan, pero también de que el Consejo Regulador aporte de sus presupuestos, como está sucediendo en Burdeos, para cofinanciar los arranques». Así las cosas, con un crédito a diez años sobre los presupuestos de promoción (casi 10 millones de euros), el Consejo Regulador estaría en disposición de poner sobre la mesa de inmediato diez millones para ayudar a financiar un plan de arranque que pagaría a razón de poco más de un millón anual durante la próxima década.

Juan Carlos Sancha insiste en que «no podemos seguir mirando para otro lado, sin asumir responsabilidades, y creemos que nuestra propuesta es interesante para el conjunto de la DOCa porque permite mejorar la calidad de nuestros viñedos, al eliminar aquellos de menos calidad, e incluso es más barato que la vendimia en verde o la destilación». «Entendemos las reticencias al arranque -concluye-, pero hay que ser valientes y Rioja debe actuar sobre aquellos viñedos que nunca se tendrían que haber plantado y al mismo tiempo mejorar la calidad de los vinos con la conservación de las viñas de mayor calidad».

Condiciones para el arranque financiado (resumen)

– Los arranques serán siempre voluntarios, financiados con aportaciones económicas del Ministerio, las comunidades autónomas y el propio Consejo Regulador.

– Se ejecutarán sólo para viñedos con edades inferiores a 40 años, quedando excluido el viñedo con más edad.

– Podrán acogerse todo tipo de titulares, ya sean viticultores, empresas o bodegas.

– Sólo podrán ejecutarse los arranques de viñedos situados en suelos con poca aptitud vitícola. Esta condición se puede delimitar por su vigor, agua útil o por una comisión de técnicos que lo valore tras una visita de campo. El objetivo es que se arranquen los viñedos de menor interés cualitativo y se protejan los viñedos de más calidad.

– Incentivo de 10.000 €/ha para el arranque del viñedo, conservando los permisos durante el máximo de años que permita la legislación vigente, con el compromiso expreso del beneficiario de no volver a plantar de nuevo hasta concluido el plazo

– Se renuncia expresamente a plantar en el mismo suelo en el que estaba el viñedo y cuya mala aptitud ha quedado acreditada.

– El objetivo es arrancar el 10% de la superficie de viñedo actual, es decir, unas 6.700 hectáreas

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