El desbloqueo del tratado UE y los países del Mercosur , tras más de 25 años de negociaciones, ha intensificado un debate profundamente polarizado, con apoyos políticos e industriales frente a una contestación social, ambiental y agraria. El acuerdo encara ahora su fase clave: la ratificación del Parlamento Europeo.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) ha dado un paso decisivo tras el refrendo del Consejo de la UE, que permite a la Comisión Europea avanzar hacia su firma formal.
Desde la Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen defendió la decisión como una señal del compromiso europeo con la competitividad, la diversificación del comercio y el refuerzo de alianzas internacionales en un contexto global “cada vez más hostil y transaccional”. Según su valoración, el acuerdo inaugura una nueva era de comercio y cooperación con América Latina y crea un mercado de cerca de 700 millones de personas, la mayor zona de libre comercio del mundo.
La Comisión subraya que unas 60.000 empresas europeas ya exportan al Mercosur —la mitad de ellas pymes— y que el acuerdo permitirá ahorrar alrededor de 4.000 millones de euros anuales en aranceles, además de facilitar el acceso a materias primas fundamentales. También destaca la inclusión de 350 indicaciones geográficas europeas, más que en cualquier otro acuerdo comercial de la UE, y la existencia de salvaguardias para proteger a los agricultores, junto al refuerzo de los controles a las importaciones.
El sector vitivinícola europeo se sitúa entre los principales defensores del acuerdo. La Federación Española del Vino y el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas consideran que los acuerdos con Mercosur y México llegan en un momento clave para diversificar mercados ante los nuevos aranceles de Estados Unidos. Valoran especialmente la eliminación de barreras comerciales, la protección de las indicaciones geográficas y el potencial de crecimiento de mercados como Brasil y México, donde las exportaciones europeas ya rondan los 200 millones de euros.
Frente a estas posiciones, la oposición al acuerdo es amplia y transversal. Greenpeace califica el tratado de “profundamente impopular” y “perjudicial”, y advierte de que comprometerá los esfuerzos para afrontar la emergencia climática y proteger la selva amazónica. La organización denuncia que el acuerdo fomenta la importación de productos altamente contaminantes y el intercambio de materias primas procedentes de zonas deforestadas, en un contexto agravado por el retraso del Reglamento europeo contra la deforestación importada y el debilitamiento de las políticas ambientales en Brasil.
Las críticas se extienden también al procedimiento. Según Greenpeace y otras organizaciones civiles, el acuerdo se ha negociado durante años con falta de transparencia y sin participación social, y la posible aplicación provisional antes del pronunciamiento del Parlamento Europeo supondría una ruptura de la práctica democrática habitual de la UE. Más de dos millones de ciudadanos europeos han firmado peticiones contra el tratado.
Las organizaciones agrarias europeas mantienen una oposición mayoritaria. Copa y Cogeca consideran que el acuerdo es desequilibrado y defectuoso en su núcleo, y han anunciado que redoblarán las movilizaciones. Denuncian que la retirada de la garantía de no aplicación provisional antes de la votación parlamentaria socava la confianza en la gobernanza europea y en el control democrático.
ASAJA alerta del “alto coste” del acuerdo para la agricultura europea y critica la falta de reciprocidad en las normas de producción. La organización advierte del riesgo para sectores sensibles y cuestiona la eficacia real de las salvaguardias, especialmente cuando solo se controla en frontera una mínima parte de las importaciones agroalimentarias. Aunque valora técnicamente la reducción del umbral de activación de las salvaguardias al 5 %, insiste en que sin controles efectivos el mecanismo queda vacío.
UPA, por su parte, ofrece una valoración más matizada. Aunque critica el escaso diálogo durante la negociación, reconoce que las movilizaciones y la presión agraria han logrado introducir mejoras en los últimos meses, como salvaguardias más estrictas, mayor reciprocidad en fitosanitarios, bienestar animal y condiciones laborales, y un refuerzo de los controles. La organización ve oportunidades para sectores como el vino, el aceite de oliva o los lácteos, aunque mantiene la vigilancia sobre producciones vulnerables como el vacuno, el avícola o el arroz.
Con el aval del Consejo, el acuerdo encara ahora su fase más incierta: la ratificación del Parlamento Europeo. En un escenario de fuerte división política y social, el futuro del acuerdo UE-Mercosur sigue abierto, con una movilización creciente y un debate que trasciende lo comercial para situarse en el centro de la política climática, agraria y democrática de la Unión Europea.
