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El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y actualiza infracciones y sanciones. El objetivo de la nueva norma es, según el Gobierno, una cadena de valor más justa y equitativa mediante la protección de los operadores que ocupan una posición más débil, la transparencia en la formación de precios y el estímulo de las relaciones comerciales.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda lectura, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras esta aprobación, inicia ahora su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar, según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza, de acuerdo con el ministro, en el firme compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la misma.

Según el Gobierno, la nueva norma fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.

El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones.

La nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y que constituyó el primer paso en la mejora de la ley de la cadena que ha iniciado el Gobierno este año.

En esta segunda fase, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las modificaciones que se introducen amplían el ámbito de aplicación de la vigente norma y establecen mecanismos que la refuerzan para incrementar su eficacia.

El problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria no es exclusivo de España, sino una realidad compartida por todos los Estados de la Unión Europea. A este respecto, el Gobierno considera imprescindible y prioritario perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de las partes más débiles. De esta manera se logrará dinamizar el mercado e impulsar el reparto equitativo del valor añadido.

Para el ministro, el proyecto de ley es un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador.

Planas ha indicado que el sector agrario ha sido el único en el que el PIB ha crecido en los últimos 12 meses (6,9 %). En este periodo, por otra parte, las exportaciones han aumentado un 5,5 % y han alcanzado los 54.600 millones de euros, lo que ha dejado un saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria de 16.900 millones de euros.

Por otro lado, en el mes de septiembre la inscripción de maquinaria agrícola nueva ha crecido un 20 %, hasta alcanzar las 3199 unidades.

Todo ello, ha resumido, es “una buena muestra de que el sector está funcionando bien”, lo que no quiere decir que no existan algunos desequilibrios estructurales que corregir.

Y ahí es donde se enmarca la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en su triple objetivo: dotarla de más transparencia, mejorar el equilibrio entre sus eslabones y proteger al eslabón más débil, los agricultores y ganaderos.

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