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El Plan Estratégico nacional de la PAC que presentó el 30 de diciembre el Gobierno en Bruselas penaliza fuertemente a Andalucía, la región con más agricultores de España, que perderá 450 millones. Sin embargo, tiene tiempo hasta el 4 de febrero para rectificar. La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España envió a la Comisión Europea penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027, manifiesta Asaja Andalucía en un comunicado.

Para Asaja Andalucía, el documento que presentó el 29 de diciembre en el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, y que el día 30 envió el Gobierno a Bruselas no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.

El Plan Estratégico de la PAC ignora las demandas del sector agrario andaluz en lo que respecta al modelo regional de la ayuda básica a la renta, que reduce el número actual de regiones agronómicas (estratos productivos por los que se fijan las ayudas) en un 60%, lo que penaliza la diversidad productiva de España y supone un claro agravio para Andalucía, la comunidad autónoma con la agricultura más diversa de España.

Además, la configuración de las nuevas 20 regiones o estratos productivos provoca una alteración del equilibrio actual entre comarcas agrarias y territorios, de la que resulta muy especialmente perjudicada Andalucía.

El sistema por el que opta el Ministerio de Agricultura para implantar la nueva figura medioambiental de los “ecoesquemas” provoca en Andalucía un descalabro económico aún mayor, puesto que al desvincular estas nuevas prácticas ambientales de las 20 regiones y circunscribirlas a sólo ocho tipos, causa pérdidas que en muchos casos se sitúan por encima del 60% del actual “pago verde”.

En lo que se refiere al “agricultor activo”, la definición que se da desde el ministerio de Agricultura a esta nueva figura deja fuera de la actividad agraria a los autónomos que más empleo generan.

Se trata de una reforma que ataca las explotaciones más viables, redactada con un sesgo claramente “ideológico” -no responde a criterios agronómicos, económicos o técnicos- para contentar a otras comunidades autónomas a costa de los agricultores y ganaderos andaluces.

El análisis de la Consejería de Agricultura de Andalucía y de las propias organizaciones agrarias estima que con esta reforma pierden todos los sectores: 750.000 hectáreas de secano perderán entre el 30 y el 45% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar pierden más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz perderá entre un 25 y un 50% de sus ayudas.

Aún hay margen

No obstante, el documento que España envió a Bruselas es provisional y está sujeto a modificaciones, puesto que la consulta pública que abrió el Ministerio de Agricultura el pasado 30 de noviembre estará abierta hasta el 4 de febrero, por lo que el Ministerio tiene la obligación de analizar todas las propuestas que le lleguen hasta esa fecha, manifiesta Asaja Andalucía.

Por su parte, la Comisión Europea enviará al Gobierno de España todos los comentarios que considere pertinentes sobre la propuesta española durante todo el primer trimestre de 2022 y sólo será definitivo el Plan Estratégico que envíe España en el segundo trimestre del año a la Comisión Europea.

Dado que aún hay tiempo de reacción y mucho margen de mejora, desde ASAJA-Sevilla instamos al Ministerio de Agricultura a reconsiderar las propuestas que todo el sector agrario andaluz, de manera unánime y con el propio presidente de la Junta de Andalucía a la cabeza le está planteando en unidad de acción en aras a mejorar el documento y evitar que se produzca un agravio comparativo de consecuencias irreversibles para el campo andaluz y español. De lo contrario, se estaría perpetrando un atentado contra la capacidad productiva, contra el empleo y contra la viabilidad y la economía de las explotaciones agrarias, consagrando así la peor reforma de la historia de la PAC.

 

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