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Tras diez días de huelga de los transportistas, la cadena de valor del gran consumo– sector primario, industria y distribución, ha convocado una rueda de prensa. En la misma ha solicitado al Gobierno medidas urgentes para solucionar el conflicto y a los huelguistas que cesen el paro y, especialmente, que dejen de coaccionar al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad. El conflicto amenaza ya  la producción y peligran más de 100.000 puestos de trabajo.

Ante el agravamiento del paro del transporte, las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo -AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB- alertan de que la situación ya es, en estos momentos, insostenible e instan a acabar inmediatamente con un conflicto, que está teniendo elevados costes para la economía y el conjunto de la sociedad.

Cuando se cumplen 10 días desde el inicio del paro, desde la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo se considera “inaplazable poner fin a esta situación, que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”.

En la rueda de prensa de hoy, José María Bonmatí, director general de AECOC, manifestó que “Es un problema de Estado, más allá de lo que pudo ser un problema del sector del transporte y de algunas zonas de España”. Bonmatí también quiso poner en valor  al conjunto de la cadena, “el problema que ahora mismo tenemos afecta al conjunto y, por lo tanto, ningún eslabón va a poder funcionar en solitario. Cada día que pasa los costes y las problemáticas crecen exponencialmente. Por ello, no entendemos que una de nuestras peticiones, que es que se tomen medidas de forma rápida para acabar con la situación, no se esté haciendo de forma inmediata. Y que, mientras nosotros tenemos que estar aguantando este sobrecoste en toda la cadena, y cuando hay empresas que nos están diciendo que si no se arregla esto en 24 horas cierro, la respuesta que se nos dé es que el viernes se van a reunir para seguir trabajando. Esto no nos parece una respuesta contundente para solucionar la problemática que hay en el mercado”. Pero también, por otro lado, “si bien nosotros entendemos y podemos empatizar con la problemática del sector del transporte, y específicamente con los problemas estructurales del sector, eso no puede ser una escusa para que esa coacción que vivimos en las carreteras se traslade a impedir, no solo la libre circulación de las mercancías, sino también la libertad de trabajar de aquellos transportistas que lo desean”. Nosotros, manifestó Bonmatí, “lo que decimos claramente es que podemos garantizar que los productos llegan a las tiendas, evidentemente no va a existir la variedad actual de los productos que se vean afectados, pero no tiene porque haber un problema de suministro, pero si está habiendo problemas en algunas empresas en concreto, lo vimos en un principio en el sector lácteo y ya afecta a otros sectores por el hecho de que, al alargar esta crisis, se está ya teniendo problemas en materias primas, en materiales de envase y embalaje, que es lo que esta haciendo que muchas empresas, con el drama que eso conlleva detrás, se estén viendo obligadas a presentar o un expediente de regulación de empleo u otras medidas para tratar de cerrar esta situación. Nosotros apelamos al Gobierno a tomar medidas que sean efectivas y que garanticen que llegan a los que hacen el transporte efectivo y, por otro, lado apelar a los convocantes de este paro a que lo finalicen ya; que lógicamente tienen todo el derecho a reivindicar sus demandas, pero no a afectar de una forma tan importante a un sector esencial como es el que hoy estamos aquí y que, además, acaba al final repercutiendo definitivamente en la sociedad y los consumidores”.

AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias y FIAB hacen un llamamiento al Gobierno de España a “una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado, con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora”.

Exigen, asimismo, que se garantice la seguridad y el derecho a trabajar de los transportistas que no quieren sumarse al paro, y que quienes lo secundan no coaccionen al resto de los sectores de la cadena ni impidan la libre circulación de mercancías.

El paro está teniendo ya un gran impacto en toda la cadena alimentaria -sector primario, industria, transporte y distribución-, provocando graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.

Numerosas empresas y cooperativas han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro, como Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso, y otras, como Danone, Estrella de Galicia o Heineken-Cruzcampo, han anunciado que deberán hacerlo próximamente.

Ante esta situación, las empresas de distribución trabajan para adaptar su surtido, tratando de reemplazar aquellos productos que no están llegando al punto de venta por otras alternativas, con el fin de que el consumidor pueda realizar su compra con la mayor normalidad posible.

En ese sentido es importante destacar el esfuerzo que están haciendo todos los proveedores para que, hasta en situaciones como las actuales, el máximo de productos posible pueda llegar a las tiendas para evitar el desabastecimiento.

De mantenerse el paro, los daños a un sector que aporta a la economía española más de 4,5 millones de empleos y el 20% del PIB pueden ser irreparables.

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