La iniciativa pretende respaldar un cambio normativo estatal que permita reutilizar el alperujo fresco en agricultura y aliviar los costes de gestión de las almazaras, según indica la Generalitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) impulsarán un estudio técnico para avalar el uso agrícola del alperujo fresco, el subproducto generado tras la extracción del aceite de oliva, con el objetivo de solicitar al Ministerio de Agricultura una modificación normativa que permita su aplicación directa en campo bajo condiciones controladas.
Actualmente, la legislación estatal autoriza el uso agrario de compost de alperujo, alperujo desecado y efluentes de almazara, pero no contempla el empleo directo del alperujo húmedo o fresco en parcelas agrícolas. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca pretende reforzar ahora la base científica necesaria para defender un cambio regulatorio adaptado a la realidad productiva valenciana.
El director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández Pardo, señaló que el objetivo es “avanzar con rigor técnico” para ofrecer a las almazaras “una solución viable, segura y ajustada a criterios agronómicos y ambientales”.
La Comunitat Valenciana cuenta con 138 almazaras, de las cuales cerca de un centenar son cooperativas y de pequeña dimensión. En un año climatológicamente normal, estas instalaciones procesan entre 100.000 y 120.000 toneladas de aceituna y generan un volumen similar de alperujo, cuya gestión supone un coste añadido para muchas entidades productoras.
El alperujo es una pasta húmeda formada por restos de pulpa, piel, hueso y agua de la aceituna tras la extracción del aceite en sistemas de dos fases. La Generalitat considera que este subproducto puede convertirse en un recurso agronómico útil si se aplica bajo protocolos técnicos adecuados.
Según Fernández Pardo, habilitar su aplicación directa permitiría reducir los costes de retirada, compostaje y tratamiento que asumen actualmente numerosas almazaras, además de favorecer modelos de economía circular en el sector oleícola.
El estudio del IVIA analizará aspectos relacionados con la fitotoxicidad, la protección de suelos y aguas y las condiciones óptimas de aplicación. La Generalitat insiste en que la propuesta se basará exclusivamente en criterios científicos y ambientales antes de plantear cualquier modificación normativa al Ministerio.
La medida podría beneficiar especialmente a pequeñas cooperativas y almazaras valencianas, que soportan mayores dificultades económicas para gestionar este tipo de subproductos.
