La ayuda establecida constará del pago del 50% de lo referido a la pérdida de renta o ingresos por la falta de venta de esa uva con un precio medio de 0,585 € /kg y los costos directos de tirarlas, valorados entre 284 y 509 €/ha.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presentado el 18 de marzo, la orden de bases reguladoras para la solicitud de ayudas a la cosecha en verde de la convocatoria de 2024, dentro del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español. El periodo para la presentación de solicitudes de la ayuda a la cosecha en verde, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la resolución.
Noemí Manzanos ha afirmado que “las circunstancias en las que se desenvuelve el sector vitivinícola en los últimos años están produciendo una evolución negativa de las ventas, con varios ejercicios decreciendo, no solo en La Rioja, sino a nivel mundial”. En este sentido, ha apuntado que el objetivo de esta medida es “ayudar al sector cumpliendo con el compromiso anunciado por el presidente la semana pasada y que todo viticultor riojano que lo necesite reciba esta ayuda”.
En este sentido, la consejera ha manifestado que “la cosecha en verde es una medida que ayuda en parte a recobrar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, y que, junto a la destilación de crisis -para la que este año se dispone de 17 millones de euros-, puede provocar efectos favorables para reducir la elevada ratio stock-ventas”.
Los datos que aporta la Consejería señalan que en 2023 la cosecha en verde, con 3,6 millones de euros, redujo la ratio en (-0,024) y la destilación de crisis con 15 millones la redujo (-0,13). De esta forma, a través de la cosecha en verde se logra reducir 0,0066 puntos por millón invertido, mientras que con la destilación se reduce 0.0086 puntos por millón invertido. “Esa ratio aún con continúa estando lejos del equilibrio, por lo que es necesario en 2024 volver a poner ambas medidas en marcha”, ha recalcado Manzanos.
Esta nueva orden que presenta el Ejecutivo riojano consta de 19 artículos, 1 disposición transitoria, otra derogatoria y dos finales. El objetivo es reducir la carga burocrática y a facilitar los trámites tanto en el momento de la solicitud, como en los de justificación y tramitación de los pagos. La orden se publicará mañana en el BOR y se prevé que la resolución esté lista a lo largo de la semana, adelantándose así unos días a los plazos máximos por el Real Decreto 905/2022. Las solicitudes presentadas y admitidas desde la Consejería se enviarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes del 7 de junio, se recibirá la respuesta antes del 15 de junio y los plazos previstos prevén tener lista la resolución de concesión para el 30 de junio.
Simplificación de la solicitud para agilizar la tramitación
Noemí Manzanos ha explicado que se “simplifica la solicitud, evitando que tengan que presentarlas firmadas tanto por el viticultor como por el propietario de la parcela, algo que el año pasado dificultó mucho la tramitación”. Además, ha subrayado como novedad que, por ejemplo, “no podrán ser solicitantes quienes hayan sido sancionados en firme con sanción grave o muy grave por incumplir la ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en los 2 años anteriores.
La ayuda establecida constará del pago del 50% de lo referido a la pérdida de renta o ingresos por la falta de venta de esa uva y los costos directos de tirarlas, pudiendo llegar a alcanzar los 3.854 euros/ha de uvas tintas.
El rendimiento por financiar quedará marcado por la media de lo producido en cada parcela durante las campañas 2017-2018-2019, hasta un máximo de 6.500 kg/ha, pudiendo sacar del cálculo alguna de estas campañas si el solicitante justifica que en ella han ocurrido circunstancias excepcionales que mermaron de manera sensible los rendimientos.
Para la campaña 2024 se sitúa la compensación de media hasta los 58 céntimos por kilo de uva tinta. “Para los costos incurridos para realizar la cosecha en verde hemos calculado unos baremos estándar unitarios de 509 € si la eliminación de racimos es manual y 284 € si es mecánica, y cobrarán el 50% de ese cálculo sin necesidad de más cuestiones”, ha indicado Manzanos.
En esta ocasión, serán siete las comunidades autónomas donde se podrá solicitar las ayudas de la cosecha verde y el presupuesto establecido de 21,4 millones de euros a repartir procede de modificar las fichas financieras ajustadas para el resto de medidas de la ISV para 2024.
Por ello, Noemí Manzanos ha resaltado que “el objetivo para La Rioja es que las ayudas lleguen para todas las solicitudes, para lo que actualmente contamos con una partida mínima de 8.724.348 euros, a la que habrá que sumar el presupuesto propio necesario para cubrir todas las solicitudes”.
Criterios de prioridad
Los criterios de prioridad y puntuaciones hasta un máximo de 95 puntos, 65 de ellos serán a 7 criterios fijos y 30 puntos a criterios elegibles, para la convocatoria de 2024 ligados a la parcela son:
-Se puntuará con 15 puntos a parcelas inscritas en la D.O.Ca. RIOJA, otros 15 si son uvas tintas y otros 15 si la variedad es tempranillo.
-Se puntuará con 7 puntos que la edad del viñedo sea menor de 35 años.
-Con el objetivo de dar prioridad a agricultores profesionales, puntuamos con 4 puntos a las explotaciones prioritarias, 3 a las Titularidades Compartidas y otros 3 si el solicitante es joven agricultor menor de 40 años.
-En aras de buscar la simplificación administrativa, se otorgarán 25 puntos a las solicitudes colectivas (más de 10) y 3 puntos si la parcela es mayor de 0,59 hectáreas (tamaño de la parcela media de DO).
-Como novedad, tendrán hasta 5 puntos extra los solicitantes que pidan ayuda para menos de 4,5 hectáreas, que es la superficie media que tienen las explotaciones de viñedo de La Rioja.
-Todas las parcelas a las que se les conceda ayuda tendrán controles y serán verificadas, para ello se ha realizado una encomienda a TRAGSA.
-Se reforzará también durante estos meses el órgano gestor con la presencia de un ingeniero técnico agrícola más y un técnico administrativo ante un posible aumento considerable de solicitudes a resolver y atender en unos plazos cortos de tiempo.