La Unión Europea y Canadá han iniciado negociaciones para un Acuerdo de Comercio Digital destinado a facilitar y hacer más seguras las transacciones digitales entre ambos socios. El objetivo es establecer reglas claras para empresas y consumidores, reforzar la protección en línea y promover un comercio digital abierto y basado en normas.
La Unión Europea y Canadá lanzaron el 6 de marzo en Toronto las negociaciones para un Acuerdo de Comercio Digital (DTA). El anuncio fue realizado por el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y el ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu.
El nuevo acuerdo pretende reforzar el comercio entre ambas partes mediante normas que faciliten las transacciones digitales transfronterizas y aumenten la protección de los consumidores en internet. Las conversaciones se apoyan en los nueve años de aplicación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (CETA).
Según las autoridades, el inicio de estas negociaciones refleja el compromiso mutuo de mantener un comercio seguro, abierto y basado en reglas, así como de fortalecer y diversificar las relaciones comerciales con socios afines. Con el nuevo acuerdo, ambas partes aspiran además a desempeñar un papel relevante en la definición de normas internacionales de alto nivel para el comercio digital.
Confianza y previsibilidad en el comercio digital
El futuro acuerdo busca establecer normas claras y previsibles para empresas y consumidores que participen en el comercio digital. Al mismo tiempo, la UE y Canadá mantendrán la capacidad de desarrollar e implementar políticas para afrontar nuevos desafíos de la economía digital.
Entre los objetivos del acuerdo figura la creación de un entorno en línea seguro mediante protecciones vinculantes para los consumidores en materia de datos personales y privacidad, así como medidas contra los mensajes comerciales no solicitados, con el fin de reforzar la confianza en las transacciones digitales.
El acuerdo también pretende aumentar la seguridad jurídica para las empresas mediante la promoción del comercio sin papel, el reconocimiento de la validez de firmas electrónicas, contratos e facturas digitales, y la prohibición de aranceles sobre transmisiones electrónicas.
Además, busca fomentar un comercio digital justo mediante la prohibición de requisitos injustificados de localización de datos y de transferencias forzosas del código fuente de software, con el objetivo de proteger a las empresas frente a prácticas proteccionistas y reforzar la confianza en los mercados digitales.
