José González mostró la preocupación de toda la Cornisa cantábrica por la orientación “mediterránea” que proclama el Gobierno central, sin tener en cuenta las particularidades de las explotaciones en territorios como el gallego.

El conselleiro del Medio Rural, José González, hizo el 23 de diciembre una oferta a todos los grupos parlamentarios para consensuar un documento conjunto que tenga el respaldo unánime de la Cámara y que sirva de apoyo a la posición de Galicia -alineada con el resto de comunidades de la Cornisa cantábrica- sobre la futura PAC. González hizo esta llamada al consenso en la respuesta a una pregunta en el pleno sobre esta cuestión.

El titular de Medio Rural mostró su preocupación por la actitud del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), que no está teniendo en cuenta a las comunidades autónomas a la hora de elaborar el Plan Estratégico nacional de la PAC, especialmente en el que alcanza al reparto de los fondos del primer pilar (las ayudas directas). En este sentido, González lamentó que las declaraciones del propio ministro y el poco que se conoce de la documentación que maneja Madrid apuntan cara una PAC “claramente mediterránea”, que no tendría en cuenta las particularidades de los territorios y de las explotaciones de la Cornisa cantábrica. Añadió que esta preocupación es compartida por las demás comunidades (Asturias, Cantabria y País Vasco), así como por las organizaciones profesionales agrarias consultadas.

Datos preocupantes

El conselleiro señaló también que “los primeros datos que vienen de la negociación europea, más allá de las cantidades, son también preocupantes para nuestras explotaciones”. Puso como ejemplo la demanda de Galicia para que se mantenga en los 60.000 euros el límite de las ayudas percibidas por cada explotación y que los importes detraídos se acumulen a los pagados redistributivos. Todo esto con una aplicación obligatoria, estableciéndose además el deber de dedicar la esta finalidad un porcentaje mínimo de los fondos para ayudas del primer pilar. Galicia reclama también que se destine a los ecoesquemas (líneas de ayudas de carácter ambiental) un 20% del montante disponible para pagos directos. En relación con esta cuestión, González manifestó que se percibe “cierto criterio partidista” por parte del Gobierno central, ya que los ecoesquemas propuestos por el Mapa “están centrados en las características principalmente del centro y sur peninsular”.

El conselleiro explicó, asimismo, que la Xunta defiende, como principios básicos de la futura PAC, una mayor equidad en el reparto de los fondos y el apoyo preferente a la renta de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales, especialmente de aquellos con elevada dependencia de los ingresos agrarios. En esta línea, González recordó que la principal prioridad de la Xunta es la defensa de los intereses de Galicia, unos intereses que -matizó- “no se ajustan a los de otras comunidades autónomas”. Por eso reclamó que se tengan en cuenta “todas las particularidades” de Galicia, con el fin de conseguir uno reparto de fondos “idóneo”. En este mismo sentido, exigió de nuevo al Gobierno central -como ya lo viene haciendo la Xunta- que sea “beligerante” para evitar que los recortes en los fondos de la PAC para el próximo período “afecten a Galicia y a nuestras especificidades”.

El conselleiro destacó que las comunidades de la Cornisa cantábrica tienen una posición compartida a este respecto, que pivota sobre la necesidad de defender las peculiaridades “de la España con mayor humedad y humildad”, remarcó González. En relación con el diseño de la futura PAC, José González recordó que Galicia defiende que sea “fuerte y que esté bien dotada de presupuesto, lo que implica por lo menos mantener el presupuesto actual”. Sobre la figura del “agricultor genuino”, matizó que Galicia apoya la propuesta del Ministerio de definirla en base a un porcentaje mínimo de ingresos agrarios sobre los totales, pero nuestra comunidad considera que esta debe ser una definición “exigente”, por lo que se propuso que el porcentaje se sitúe, cuando menos, en el 30%.

Además, Galicia aboga porque se incluyan también en el concepto las personas afiliadas a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario, a pesar de que no consigan el dicho porcentaje mínimo.