El ministro destaca que la agricultura familiar es el modelo que mejor contribuye al desarrollo de la economía en el medio rural. La norma pretende reforzar el papel estratégico de este tipo de explotaciones en el sector agrario español.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado el 10 de julio que, a partir de septiembre, abrirá un proceso de debate con las organizaciones del sector para acordar los contenidos de la ley de agricultura familiar, con el objetivo último de conseguir una norma que sea “realista y ambiciosa”.

El ministro ha recordado que la elaboración de la ley de agricultura familiar es un compromiso del Gobierno para la actual legislatura, con la que se pretende reforzar la función estratégica de este tipo de explotaciones en el desarrollo social y económico de los territorios.

En la clausura del acto de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), en el que se han entregado también los premios de la Fundación de Estudios Rurales, Luis Planas ha recordado que el 82 % de las 914.000 explotaciones agrícolas y ganaderas existentes en España son explotaciones de carácter familiar y ha señalado que este modelo es el que mejor contribuye al desarrollo económico del medio rural.

Aunque ha señalado que la ley debe abordar, entre otras cuestiones, aspectos como el acceso a las explotaciones, la titularidad compartida, la mejora del acceso a la financiación, o la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, ha enfatizado que el texto debe ser fruto del diálogo con el sector. “La ley será lo que acordemos”, ha asegurado.

El ministro ha afirmado también que debe ser una norma “realista y ambiciosa, pegada a la tierra para que sea aplicable, por lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo”. La previsión del ministerio es que a final de año o comienzos de 2025 esté elaborado el anteproyecto para someterlo a la aprobación en primera lectura del Consejo de Ministros.

En su intervención el ministro se ha referido también a la ley contra el desperdicio alimentario, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, con la que ha destacado que se pretende evitar que los alimentos que estén en condiciones aptas de ser consumidos acaben en la basura.

En este proyecto de ley se han incorporado dos enmiendas para cumplir otros dos compromisos del Gobierno. Por un lado, la conversión de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en una agencia estatal, lo que le permitirá una mejor dotación de medios materiales y humanos para reforzar su labor de inspección en el cumplimiento de la ley de la cadena.

Por otro lado, la modificación de la representatividad agraria, para permitir que las cuatro organizaciones agrarias que hay actualmente en España puedan participar como interlocutores en el diálogo institucional con el ministerio y el Gobierno. “Se trata de dar normalidad a lo que existe y no excluir a nadie”, ha afirmado.

Las iniciativas del Gobierno para la actual legislatura incluyen también la Estrategia Nacional Alimentaria, cuyos trabajos y foros de preparación se presentarán en este mes y con la que se pretende dar respuesta al reto de producir alimentos en cantidad y calidad, asequibles, que sean sanos y seguros, y que se consigan de forma sostenible, con un menor consumo de recursos naturales.