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España está entre los cinco primeros países que han recibido la autorización de la Comisión Europea para enviar la versión definitiva de su plan estratégico, paso previo a su aprobación formal en las próximas semanas. Por otra parte, las organizaciones agrarias andaluzas muestra su desacuerdo con el Plan.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha felicitado por que España esté en el primer grupo de cinco países que durante las próximas semanas recibirá, por parte de la Comisión Europea, el visto bueno definitivo al Plan Estratégico de la Política Agraria Común.

“Esto facilitará a nuestros agricultores y ganaderos la planificación de sus cultivos y producciones para la próxima campaña”, según el ministro. Además, el Gobierno podrá continuar con la tramitación del paquete legislativo que acompañará la puesta en marcha del Plan y que supondrá la revisión más ambiciosa del marco normativo agroalimentario en España en décadas.

Luis Planas asistió el 18 de julio, en Bruselas, al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en el que, entre otros asuntos, los Estados miembros han analizado el estado de situación de los planes estratégicos nacionales de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

El ministro ha valorado la oportunidad de este debate, ya que los agricultores y ganaderos necesitan una señal clara de que avanzamos hacia un escenario de certidumbre en la PAC. El ministro ha querido agradecer a la Comisión la extraordinaria colaboración que ha prestado a España, lo que permitió presentar, el pasado mes de diciembre, un Plan Estratégico muy equilibrado, que se ha podido perfeccionar en los últimos meses y para el que ya hemos recibido la autorización de la Comisión Europea de envío de la versión definitiva, el pasado 14 de julio, “tras una discusión larga, fructífera y muy positiva”, y que se traducirá en el plazo de 6 semanas en su aprobación formal.

El ministro ofrecerá a la Presidencia checa la colaboración de España de cara a los trabajos a desarrollar en el próximo semestre, en especial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad de la agricultura.

España ha expresado su compromiso con la propuesta de reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios que prepara la Comisión, con el objetivo de reducir el uso de las sustancias que tengan mayor efecto secundario sobre el medio ambiente.

A este respecto, Planas ha pedido transparencia, es decir, que para conocer qué objetivos tiene cada Estado miembro es necesario que el contenido de la propuesta se concrete de manera muy clara. El ministro ha apuntado como una de las cuestiones prioritarias que los Estados miembros conozcan el procedimiento de cálculo y las cifras que resultan de la aplicación de los objetivos de reducción.

Respecto de las zonas consideradas sensibles, el ministro solicitará que se tengan en cuenta las particularidades de los modelos productivos agrícolas que, en el caso de España, son muy diversificados. España tiene muchas zonas incluidas en la Red Natura, cuya preservación es fundamental, “pero, tenemos que tener en cuenta la compatibilidad y los usos agrarios que son necesarios para la actividad económica y, en definitiva, para la supervivencia de nuestras zonas rurales”.

También ha pedido un esfuerzo para simplificar la propuesta. En definitiva, ha recalcado que “no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad en las explotaciones agrarias y ganaderas”.

Andalucía muestra su desacuerdo con Plan Estratégico presentado por España

El sector agrario andaluz representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamenta que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023.

La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz, manifiestan las organizaciones agrarias.

“El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC”. Las organizaciones firmantes, recuerdan “qué el titular de Agricultura no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña”.

Como recuerdan ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, el titular de Agricultura ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña.

Los representantes del agro andaluz critican la hipocresía de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es “muy equilibrado” cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Si bien, los datos manejados desde Andalucía señalan claramente que las medidas propuestas por el Ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades.

Como recuerdan las organizaciones firmantes, el Plan Estratégico de Luis Planas perjudica gravemente al actual sistema agroalimentario andaluz. Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío.

En segundo lugar, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas. Por ello, las organizaciones esperan que la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.

Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, que en la actual crisis provocada por el incremento de los costes de producción se aferran a la PAC como única vía para salvaguardar la rentabilidad de las explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.

“Para el campo andaluz la luz verde de Bruselas al Plan Estratégico de Luis Planas es la peor noticia que podían recibir los agricultores y los ganaderos de la comunidad, pues su aplicación se traducirá en unas pérdidas irreversibles. Con su modus operandi, el Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ha perpetrado un atentado contra la capacidad productiva, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad y contra un sector que fija población y genera riqueza en el entorno rural.”, manifiestan las organizaciones.

 

 

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