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La convocatoria de los PERTE se cerró en diciembre de 2023 y se adjudicaron 181,5 millones de euros a 13 proyectos tractores de la industria agroalimentaria.

Reducción de la burocracia, introducir mejorar para agilizar el acceso a las ayudas y más coordinación fueron algunas de las reivindicaciones que expusieron los ponentes en la Presentación Institucional PERTE Agroalimentario, organizada por AVS Consulting, coordinador del sistema de innovación del sector, junto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Unas jornadas en las que se realizó un balance del primer PERTE del sector y se reunió a los principales agentes involucrados para conversar sobre certificaciones, propiedad industrial, experiencias de gestión del PERTE y posibles mejoras aplicables a una segunda convocatoria.

Según se informó a los medios, la presentación contaría con la presencia de la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, que ofrecería una «actualización de toda la información de esta nueva convocatoria», pero no asistió por cuestiones de agenda. Jordi Carbonell, comisionado especial para el PERTE Agroalimentario, fue el encargado de representar al ministerio durante el acto, pero al ser preguntado por los detalles de la nueva convocatoria afirmó que «hasta que no tengamos el resto de PERTE un poco avanzado, no podremos dar fechas de ningún tipo». Recordó el compromiso del ministro de Agricultura Luis Planas y, posteriormente, del de Industria, Jordi Hereu, de «plantear» el segundo PERTE agroalimentario. Un procedimiento del que se informará en su momento, ya que por ahora el ministerio de Industria está «recogiendo la experiencia de las empresas que han participado en este PERTE número uno», para «plantear un proceso de participación», y conseguir que la obtención de las ayudas sea «más ágil», afirmó el comisionado. Además, todavía sigue abierta la convocatoria para el PERTE de Descarbonización, al que ya se han presentado «220 proyectos individuales, de los cuales el 35% son industrias alimentarias», detalló.

AVS Consulting, presentó los resultados actualizados de PERTE Ecofood2023, un programa que incorpora a 69 empresas beneficiarias de las ayudas dentro de un ecosistema de innovación, con 85 proyectos primarios dedicados a investigación, desarrollo, innovación sostenibilidad y eficiencia energética, algunos de ellos dentro del sector vitivinícola. La entidad ha gestionado la implementación de un presupuesto financiable de 67.4 millones de euros, en 12 comunidades autónomas. Para el Ecofood 2024 pretenden «tener un sistema más flexible e incrementar la participación de entidades, sobre todo aumentar la intensidad en comunidades a las que no ha llegado» la ayuda, explicó el consejero delegado de AVS Consulting, Raúl Natividad.

El PERTE Vitivinícola

Durante el acto no se mencionó de forma directa al sector vitivinícola, pero al ser preguntado por Mercados del Vido y Distribución, Jordi Carbonell explicó que hacía pocos días se habían reunido con la patronal del sector “para poner en común la experiencia de las ayudas. La patronal del vino animó y apoyó un PERTE de empresas vitivinícolas, que lo promocionaba Bodegas Torres, que era un poco el interlocutor”, pero en las que participaron empresas y “bodegas de La Rioja, cavas catalanes y otras muchas de Galicia, entre otros. Una propuesta que ya se ha aprobado y pronto van a disponer este dinero, gracias a la iniciativa del propio sector y eso también es muy importante”, según explicó el comisionado a este medio.

Menos burocracia y más PERTE

Los ponentes pusieron de manifiesto la complejidad que existe para cumplir ciertos requisitos como las certificaciones, cuestión que se abordó en la mesa dedicada a la certificación de proyectos y la propiedad industrial en los ecosistemas de innovación, en la que María Jesús Aracil, proyect manager de EQA Certificados, la empresa que ha colaborado con AVS en la gestión de toda la documentación para las empresas solicitantes, reconoció que es «activamente imposible hacer la certificación en una semana», y debido a cómo está planteada la petición del PERTE, “el día que se abre la convocatoria tiene que estar todo certificado, y solemos trabajar contrarreloj», afirmó. Otros ponentes apelaron directamente a la acción ministerial: «tenéis un organismo en el Ministerio que está especializado en DNSH y sería importante que tuvierais un diálogo abierto con las empresas y los implicados […] cuanto antes iniciemos los procesos de certificación mejor irán las cosas”, explicó durante su intervención Diego López Ruiz, director general de la Agencia Española de Certificación en Innovación Española (ACIE).

En la mesa también intervinieron varios empresarios, que aportaron su visión sobre el PERTE y la industria agroalimentaria. «Veníamos de una industria conservadora, cara y su alcance limitado. El I+D+I sonaba como algo lejano. Esta ayuda nos ha permitido una mirada al futuro, para ser más competitivos», comentó el gerente de Congelados Apolo, Joaquín Alberto Conde. Esa transformación pasa por el empleo de esos fondos para implementar la digitalización de las empresas y recurrir a “los datos históricos, y empezar a crear espacios para compartir esa información entre las empresas y conseguir una industria agroalimentaria 5.0 (medición de la huella de carbono, pasaporte digital para productos, etc.), con el objetivo de liderar esa parte tecnológica en Europa”, explicó Joaquín Carretero, director de I+D e Innovación Industrial de Nunsys-Sothis. Una visión que sitúa a la industria agroalimentaria en una esfera global con «proyectos de país y por eso nos debemos clusterizar para competir contra otros países europeos, pero también otros países con normativas diferentes», comentó Víctor Rubio, director de Estrategia e Innovación de MaserGrup. Estas valoraciones se sumaron a las declaraciones que realizó durante el cierre de la jornada el director del departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras en CEOE, César Maurín, recordando la importancia de los fondos Next Generation «como un factor clave para la consecución del EcoFood 2023». Además, destacó «el potencial cohesionador de este proyecto, que permitirá mejorar «la competitividad de los productos españoles en el mercado internacional».

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