La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, (UPA) ha elaborado unas propuestas políticas que se han remitido a las principales fuerzas políticas de España. Publicamos algunas de ellas y especialmente las relacionadas con el sector vitivinícola.
Sector vitivinícola
El sector vitivinícola tiene un presente consolidado y un gran futuro por la calidad de sus productos, por la visibilidad de su geografía (fomento del enoturismo) y por la gran variedad y representatividad en todo su territorio del viñedo e industria que acompaña, remarcando sus funciones económicas, sociales, culturales, territoriales y medioambientales. Pero para lograr ese futuro es imprescindible que los viticultores, base elemental de todo el sector, tengan una rentabilidad que les permita continuar con su actividad y gestión del territorio, y que sus descendientes visibilicen y sientan a este sector como garantía de futuro para poder continuar con las explotaciones de sus progenitores. A continuación, se plantean las principales propuestas desde UPA para este sector.
Precios justos y relación contractual. El mayor problema por el que pasan los viticultores, independientemente de la zona o denominación de origen, es la falta de unos precios justos que cubran al menos los costes de producción que tienen, y el cumplimiento en general de la Ley de la cadena alimentaria. Es necesario unas relaciones contractuales (a ser posible plurianuales) en las que se tenga un proceso de negociación previo a la elaboración de los contratos, que estos sean acordes a lo que dice la Ley, que en ellos se fijen unos precios en relación con determinadas características, pero siempre teniendo en cuenta que el precio final debe cubrir los costes efectivos de producción. Que no se entregue ninguna uva a las bodegas sin tener previamente un contrato con un precio fijado.
Autorizaciones de plantación. UPA sigue defendiendo una postura en contra de la liberalización de plantaciones ya que afectaría muy negativamente a la viticultura familiar. UPA defiende que las Denominaciones de origen a través de sus Consejos Reguladores puedan reclamar sus propios porcentajes de nuevas plantaciones en caso de que lo vean necesario, o rechazar si lo consideran razonable el poder optar a nuevas autorizaciones de plantación de viñedo.
Fortalecimiento de la calidad diferenciada a través de las Denominaciones de Origen. UPA hace una decidida apuesta por reforzar la calidad de nuestros vinos y especialmente por fortalecer las Denominaciones de Origen, valorizando el papel de los Consejos Reguladores. El refuerzo de los controles y su garantía y transparencia deben ser vitales para fortalecer la confianza en el sistema y en los consumidores, luchando contra cualquier atisbo de fraude.
Adaptación al cambio climático. Dado que el sector vitivinícola es de los más afectados a las consecuencias del cambio climático, desde UPA reclamamos que se considere su efecto sumidero (al ser una planta leñosa) y por tanto de secuestro de carbono, en las diferentes políticas, incentivando esa función que ejercen las viñas. Por otro lado, es vital favorecer mediante políticas de apoyo, formación y asesoramiento, aquellas prácticas agronómicas que tengan por objeto la adaptación a los efectos del cambio climático (gestión del suelo, uso de fertilizantes orgánicos y de síntesis, utilización de fitosanitarios, gestión del agua, prácticas de poda, etc) y tenerlas en cuenta en el Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y a sus programas de trabajo.
Innovación y digitalización. Es necesario una fuerte apuesta por la innovación en técnicas y gestión en el sector vitivinícola, empezando por el propio viñedo, incorporando las técnicas más avanzadas, e introduciendo la digitalización en la gestión diaria de nuestros viñedos, pero siempre teniendo en cuenta que esos avances estén adaptados a la viticultura de carácter familiar.
Lucha contra las políticas antialcohólicas. El sector del vino está amenazado por la presión cada vez más fuerte de gobiernos del norte y centro europeos así como de colectivos antialcohólicos. En este contexto no se debe permitir iniciativas como por ejemplo la del etiquetado de vinos en Irlanda que rompe con las normas de mercado único europeo. Desde UPA y el conjunto del sector español se defiende que un consumo moderado y racional del vino y dentro de una dieta saludable, como es la mediterránea.
Intervención sectorial vitivinícola (ISV) en el PEPAC. Consideramos que las empresas sancionadas por incumplimiento grave o muy grave de la Ley de la cadena alimentaria no deberían poder optar a las ayudas de promoción en países terceros ni a las inversiones en bodegas.
Rechazamos asignación presupuestaria de 60 millones de euros al año a partir de 2024 para esta intervención, lo cual supone una gran reducción frente a los 69,7 millones previstos para 2022 y 2023, por lo cual reclamamos que la ficha financiera se mantenga en esa cifra para el período 2024 a 2027 ya que está demostrado la necesidad y demanda de esta medida por parte de los viticultores
Consideramos la necesidad de incluir una medida de inversiones en explotaciones vitivinícolas dentro de la Intervención Sectorial del Vino (ISV), ya que implicaría una especial oportunidad y ser de gran utilidad tanto para el objetivo de incrementar su competitividad y rentabilidad, como para mejorar su sostenibilidad, tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Más propuestas de UPA
Otras propuestas de UPA son la Aprobación de una Ley de Agricultura Familiar. UPA insta a que el futuro Gobierno defienda la profesión agraria valorizando al agricultor y ganadero, no sólo como productor de alimentos sino también como promotor de riqueza, gestión y sostenibilidad del medio sobre el que se asienta. Para ello se debe: Asegurar el reconocimiento de la Agricultura Familiar a través de una Ley de la Agricultura Familiar con el objeto de establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas. Desarrollar acciones con el objeto de poner en valor ante la sociedad las diversas funciones que ejerce la Agricultura Familiar, desde el ámbito social, económico y ambiental/territorial. Ejemplo de ello deberían ser la realización de campañas de comunicación y de sensibilización a la sociedad sobre el significado y contribución de la Agricultura Familiar
Interlocución con las OPAs. Consideramos que el nuevo gobierno se debe sentar a hablar con los representantes de los agricultores y ganaderos y entre todos establecer un nuevo escenario de relaciones. El actual está agotado. Pensamos que es necesario apostar por definir una cartera de servicios y actuaciones propias de las organizaciones profesionales agrarias. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda, etc., son ejemplos de países que cuentan con organizaciones agrarias fuertes y con una amplia representación en las zonas agrarias y en todos los sectores, porque forman parte del sistema público-privado-representativo de apoyo a los profesionales. Es preciso igualmente intensificar y redoblar los canales de interlocución.
PAC: Revisión y adaptación del PEPAC. Durante la campaña 2023 de la PAC se han detectado diferentes aspectos que, aunque puedan parecer menores, es necesario modificar en el PEPAC de cara al año 2024. Algunas de es tas cuestiones son: Posibilidad de utilización de superficie de rastrojeras para que los ganaderos de ovino puedan cobrar los ecorregímenes. Incluir el no cosechado de leguminosas dentro de las medidas del ER de biodiversidad.
Permitir que los márgenes de biodiversidad en cultivos leñosos se puedan hacer entre las calles de los árboles y no solo en los límites de las parcelas. Permitir echar purines a los barbechos entre abril y junio (BCAM6). Cultivo secundario en la BCAM 7. Debe eliminarse el requisito “No se permitirá justificar el uso del cultivo secundario como opción a la rotación exclusivamente en el tercer año, si no se ha utilizado previamente este recurso en todos los años anteriores.”
Cadena agroalimentaria. En esta legislatura se ha conseguido evolucionar la Ley de la Cadena para incluir todos los productos del anexo I del tratado de la Unión Europea, evitar la venta a pérdidas o la destrucción del valor de la cadena, se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios, se amplían las prácticas desleales, se refuerzan las sanciones y éstas serán públicas cuando sean firmes, entre otras modificaciones de la Ley del 2013.
Es el momento de consolidar la Ley y de hacer que se cumpla en todos sus extremos.
Plan de choque contra la sequía
En amplias zonas de España se están amplificando los efectos de la sequía en las dos últimas campañas agrícolas. Esta situación está provocando importantes reducciones de la producción en sectores como los cultivos extensivos y el olivar. Hasta el momento, las medidas que se han puesto en marcha por parte de las diferentes Administraciones han sido muy escasas, por lo que es totalmente necesario el diseño de un plan de apoyo integral que compense las enormes pérdidas acumuladas por la mayor parte de los sectores agrícolas y ganaderos, que han coincidido con un aumento espectacular de los costes de producción.
Refuerzo de los seguros agrarios
El sistema de seguros agrarios es en la actualidad uno de los pocos instrumentos válidos para garantizar las rentas de los agricultores. Se trata de la principal política nacional de apoyo al sector y por tanto reclamamos el mayor de los apoyos, más cuando el sector se ve afectado por los efectos adversos del cambio climático.
Es imprescindible apuntalar un sistema de seguros agrarios potente que cubra las necesidades del sector y que asegure la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas ante pérdidas originadas por eventos climáticos o zoosanitarios.
En la última legislatura se ha pasado de un apoyo al seguro agrario de 211,77 M€ a los 317,73 M€. Cifra esta última que supone un récord absoluto en cuanto a nivel de apoyo público a los seguros agrarios.
Desde UPA consideramos que el apoyo en la actual campaña supone un suelo de cara a los próximos años y se debe garantizar como mínimo este nivel de apoyo.
Por otro lado, los efectos de la sequía en la mayor parte de las producciones agrarias de nuestro país, han abierto la posibilidad de subir el apoyo medio al seguro agrario del 47,6% al 70% para unas determinadas líneas, elevando el total de gasto previsto hasta los 358,21 M€. Pues bien, esto abre una nueva línea de apoyo que UPA exige se institucionalice en este nuevo tiempo político: la de llegar al máximo del apoyo permitido por la vigente normativa comunitaria sobre ayudas estatales al sector agrario (70%) para las pólizas de los agricultores profesionales y familiares. Debe darse un diferente apoyo según tamaños de explotaciones.
La idea sería agotar el máximo de apoyo permitido por Bruselas en favor de las explotaciones profesionales y familiares y que este apoyo descienda notablemente para el resto.
Pedimos coherencia con el Plan Estratégico de la PAC donde estos principios han sido demostrados y se han consolidado.