El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la normativa de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) con el objetivo de asegurar la continuidad de las ayudas más allá de 2027 e incorporar a la legislación española las medidas más urgentes del nuevo paquete legislativo del vino aprobado por la Unión Europea.

El Ejecutivo ha dado luz verde a un real decreto que modifica la regulación de las intervenciones sectoriales vitivinícola, apícola y de frutas y hortalizas en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC). En el caso del sector del vino, la reforma introduce cambios en el Real Decreto 905/2022 para garantizar que las ayudas de la Intervención Sectorial Vitivinícola puedan seguir convocándose y abonándose durante 2028, mientras se define el nuevo marco de la PAC para el periodo 2028-2034.

La modificación responde a la necesidad de dar continuidad a unas ayudas cuyas convocatorias deben publicarse con uno o dos años de antelación, evitando un vacío normativo durante la transición entre ambos periodos de programación. Con ello, el Ministerio de Agricultura pretende aportar seguridad jurídica a los operadores y garantizar que bodegas y viticultores puedan seguir accediendo a estos apoyos.

La norma incorpora además a la legislación española las medidas más urgentes incluidas en el paquete legislativo del vino aprobado recientemente por la Unión Europea. Entre las principales novedades figura la ampliación de las actuaciones subvencionables dentro de la línea de inversiones, donde desaparecen determinadas restricciones y se reconoce expresamente la comercialización vinculada al enoturismo como una actividad susceptible de recibir ayudas.

Para facilitar la transición al nuevo marco comunitario, el real decreto prevé una convocatoria adicional de ayudas a las inversiones, financiada con cargo a las anualidades 2028 y 2029, cuya resolución deberá notificarse antes del 31 de diciembre de 2027.

La reforma también modifica el régimen de apoyo a la promoción de los vinos en mercados de terceros países. En adelante, las acciones de promoción y comunicación de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) e indicación de variedad podrán beneficiarse de ayudas durante un máximo de nueve años consecutivos, mediante dos posibles prórrogas de tres años cada una.

Asimismo, la nueva regulación incorpora criterios de prioridad para facilitar el acceso a la financiación de los pequeños productores, favoreciendo la incorporación de nuevos beneficiarios, mercados y productos. También adapta los plazos de las convocatorias correspondientes a las anualidades 2028 y 2029 con el fin de garantizar una transición ordenada al futuro sistema de ayudas.

El real decreto incluye además diversos ajustes técnicos en las intervenciones de reestructuración y reconversión de viñedos y en la cosecha en verde, con el objetivo de mejorar su aplicación y reforzar la eficacia de estas medidas de apoyo al sector vitivinícola.