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Tasas de paro entre el 16,5% y 20,7%, aumento del gasto público de 25.000 a 30.000 millones de euros, descenso de la recaudación del Estado del 8% al 15% y un déficit público entre los 85.000 y los 120.000 millones de euros, que corresponde a el 7,5% y el 11% del PIB y generaría un incremento de la deuda de España en una horquilla que va del 108% a más del 115% del PIB, así como una caída de este entre el 5% y el 9% o aún más.
Esas son las duras previsiones para el futuro inmediato del informe de CEOE titulado Escenario Económico-Especial Impacto Coronavirus. Sin embargo, sus conclusiones son bastante más optimistas para un futuro no lejano, pues afirma li siguiente:
“la situación excepcional derivada del COVID-19 tendrá un evidente impacto en las cuentas públicas, tanto por las mayores necesidades de recursos como por la caída de la recaudación debido a la depresión de la actividad. No obstante, debe tenerse en cuenta que es un shock de impacto, que provoca un efecto one-off sobre las cuentas, en buena medida no acumulativo, por lo que la mayor parte de la influencia del mismo sobre las finanzas públicas debería ir diluyéndose a medida que se recupera la normalidad, sin afectación sobre el déficit estructural”.
Añadiendo que “en el supuesto de que la actividad consiguiera recuperar en el año 2021 los niveles de 2019, el déficit debería volver a niveles del 4 – 4,5% del PIB, y la deuda comenzar a estabilizarse en niveles del 105% del PIB, aunque todavía es pronto para realizar cálculos en este sentido”.
En sus consideraciones generales el trabajo asegura que en 2020 la recesión en España es prácticamente inevitable, pues “el parón de la actividad y de la demanda a partir de la segunda quincena de marzo y su extensión a abril, va a dejar un impacto profundo en nuestra economía”. Si bien a continuación afirma que “la excepcionalidad de la situación hace difícil predecir un solo escenario, debido a la enorme incertidumbre sobre la evolución de la propia crisis sanitaria durante las próximas semanas, tanto en nuestro país, como en el resto del mundo”.
Al igual, también destaca que la crisis afecta de forma muy diferente a los distintos sectores de la económicos, perjudicando muy especialmente a los sectores de proximidad, como eventos deportivos, culturales y recreativos, alojamientos, viajes, transportes, servicios inmobiliarios, la venta y reparación de vehículos y personal doméstico. También apunta caídas relevantes en fabricación de vehículos, madera, plásticos, productos metálicos y el hierro y acero. Sin embargo, también hay tres sectores que aumentan la actividad: programación y consultoría informática, productos farmacéuticos y actividades sanitarias.
El informe insiste en que la economía se enfrenta a un shock de impacto, transitorio de pero muy virulento, y los factores que determinarán la recuperación son la duración; el nivel de desempleo alcanzado; el impacto en el tejido productivo; el grado de sincronización de la recuperación a nivel mundial y sobre todo en Europa; las medidas adoptadas durante y posteriormente a esta situación.
Respecto al crecimiento, el informe saca conclusiones respecto a un escenario, en parte hipotético, con las siguientes características:
• A partir de mediados de marzo hay una progresiva reducción de la actividad, principalmente en sectores intensivos en mano de obra y los sectores de proximidad.
• Tras las primeras medidas de restricción de la movilidad la actividad se ha reducido en un 30% y con la reducción más estricta, entre el 30 de marzo y 9 de abril, se reduce al 60%.
• Se supone que el fin de la reducción más estricta de movilidad vendrá tras el fin de la Semana Santa [confirmado actualmente pero que no era seguro cuando se hizo el informe], volviéndose a niveles de actividad del 70%.
• Se supone que el fin de las restricciones de movilidad se producirá a comienzos de mayo, iniciándose a una paulatina vuelta a la normalidad, más rápida en mayo que en meses posteriores.
• Se supone que en diciembre la actividad económica estaría muy próxima al nivel con que cerró en 2019.
Respecto a este escenario el informe describe dos situaciones, una optimista (por llamarle de alguna manera) y otra pesimista. Una u otra se producirían en función de dos factores principales: por un lado como evolucione la pandemia y la necesidad de restricciones; por otro el acierto de las medidas económicas que se adopten. La versión optimista se concreta en un descenso del PIB del 5% en 2020 y la pesimista del 9%.
Así, suponiendo un alto grado de efectividad de las medidas, el descenso del PIB en 2020 sería del orden del 5,0% y si en 2021 se volviera totalmente a la normalidad, el mismo tendría un notable rebote del 5,2%.
Pero “también es probable que pueda darse un escenario de recuperación más lenta si es necesario extender el periodo de confinamiento y/o las medidas que se adopten no alcancen los objetivos esperados”. En este caso contracción del PIB podría superar el 9%.
En el escenario optimista (descenso del PIB del 5,0% en 2020) el empleo, medido en términos de ocupados EPA, caería un 2,3% de media anual, perdiendo el puesto de trabajo 445.300 personas. El paro aumentaría en 560 mil personas, hasta situarse en 3,8 millones, y la tasa de paro pasaría del 14,1% de 2019 al 16,5% en 2020.
Si no existiera la posibilidad de acogerse a un ERTE la CEOE estima que la caída de ocupados sería del 4,9% (-970.400 personas) y la tasa de paro aumentaría hasta el 18,7%.
En el escenario pesimista (descenso del PIB del 9% en 2020), el empleo disminuiría un 4,0%, con una caída de los ocupados de 796.800 personas. El desempleo ascendería en 912 mil personas, hasta rozar los 4,2 millones de personas, y la tasa de paro subiría al 18,0% en 2020.
En este escenario en el caso de que no existiera la posibilidad de acogerse a un ERTE la CEOE estima que la caída de los ocupados sería del 7,3% (-1,4 millones de personas) y la tasa de paro llegaría al 20,7%.
Para llegar a conclusiones en cuanto a déficit y deuda pública el informe construye otro escenario parcialmente hipotético, y de bastante complejidad, combinando posibles gastos e ingresos. La conclusión es que el aumento de las necesidades de gasto fluctuarían entre los 25.000 y los 30.000 millones, y eso sin tener en cuenta que pueda haber nuevas medidas, tanto en este período excepcional como en el inicio de la recuperación, que involucren más incrementos de gasto. En cuanto a los ingresos, el trabajo estima que la pérdida total de recaudación podría situarse entre el 8% y el 15% en función de la profundidad de la caída de la actividad y la velocidad de su posterior repunte.
Las consecuencias de lo anterior serían un déficit público entre los 85.000 y los 120.000 millones de euros, lo que corresponde al 7,5% y el 11% del PIB respectivamente en términos de PIB. La primera cifra se daría en el caso de la retracción del PIB de un 5% y la segunda si es del 9%. La consecuencia seria que ladeuda de España se situaría entre el 108% a más del 115% del PIB.

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