La Comisión Europea ha presentado hoy, 22 de junio, una Estrategia para el Mercado Único para crear un mercado interior europeo más sencillo, homogéneo y fuerte. La Estrategia pide a los Estados miembros que contribuyan a que el mercado de la UE sea la mejor opción posible para las empresas, los trabajadores y los consumidores.

La Estrategia establece medidas audaces para reducir los obstáculos existentes que frenan el comercio y las inversiones dentro de la UE, ayudar a las pymes a operar y ampliar sus actividades y facilitar la vida de las empresas al impulsar la digitalización. La Estrategia pide a los Estados miembros que contribuyan a que el mercado de la UE sea la mejor opción posible para las empresas, los trabajadores y los consumidores.

En los tiempos que corren, caracterizados por la volatilidad económica y las tensiones comerciales, el mercado de la UE es el primer motor de nuestra competitividad: ha aumentado el PIB de la UE en al menos un 34 % y ha creado 3,6 millones de puestos de trabajo desde su creación. La plena realización del mercado único duplicaría los beneficios ya obtenidos.

La Estrategia para el Mercado Único se centra en varias prioridades:

Eliminar las barreras

La estrategia se centra en eliminar los diez obstáculos más perjudiciales notificados por las empresas, los «terribles diez»: creación y funcionamiento complicados de las empresas; normas de la UE complejas; falta de apropiación por parte de los Estados miembros; reconocimiento limitado de las cualificaciones profesionales; falta de normas comunes; normas fragmentadas relativas a los envases; falta de conformidad de los productos; regulación restrictiva y divergente de los servicios nacionales; normas gravosas para el desplazamiento de trabajadores en sectores de bajo riesgo; y restricciones territoriales injustificadas de suministro que provocan precios elevados para los consumidores.

Estos son los obstáculos que más entorpecen la libre circulación de bienes y servicios e impiden que las empresas y los ciudadanos aprovechen plenamente el mercado único europeo. Estas barreras se han identificado tras exhaustivas consultas con las partes interesadas, y su supresión mejorará la libre circulación de productos seguros, la prestación transfronteriza de servicios y la simplificación del establecimiento y el funcionamiento de las empresas en toda la UE.

Aportar un nuevo dinamismo al sector de los servicios en Europa

Los servicios son el componente más importante de la economía europea, pero su comercio transfronterizo se encuentra estancado. La Estrategia se centra en sectores específicos de servicios y propone:

• presentar una Ley de Servicios de la Construcción y nuevas normas para los servicios de entrega de la UE para modernizar las normas tanto en el sector de la construcción como en el de los servicios postales y de paquetería;
• favorecer los servicios relacionados con la industria, como las instalaciones, los servicios de mantenimiento y reparación;
• ayudar a los Estados miembros a eliminar la reglamentación innecesaria de los servicios regulados a las empresas.

Todas estas acciones complementarán las iniciativas en curso en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros.

Apoyar el desarrollo y el crecimiento de las pymes

Para ayudar a las pymes a aprovechar al máximo las oportunidades de expansión del mercado único, la Comisión introduce una nueva definición de pequeñas empresas de mediana capitalización, extendiendo a estas empresas una parte de los beneficios que se ofrecen a las pymes.

Cuando las pymes alcanzan más de 250 empleados, se convierten en grandes empresas con arreglo a las normas actuales y se enfrentan a un fuerte aumento de las obligaciones de cumplimiento. Este «límite» puede desalentar el crecimiento y limitar la competitividad. Por lo tanto, la Comisión Europea está identificando una nueva categoría de empresas (pequeñas empresas de mediana capitalización) con menos de 750 empleados y, o bien hasta 150 millones de euros en volumen de negocios o hasta 129 millones de euros en activos totales.

Estas pequeñas empresas de mediana capitalización (casi 38 000 empresas de la UE) tendrán acceso por primera vez a determinadas ventajas ya existentes para las pymes, como excepciones específicas en virtud del Reglamento general de protección de datos (RGPD) o normas simplificadas, como las que hacen que la cotización de estas empresas en el mercado bursátil sea más sencilla y menos costosa.

Las medidas impulsan los incentivos para que las pymes se expandan, digitalicen los procesos reglamentarios, reduzcan la burocracia y apoyen el objetivo de la Comisión de reducir los costes administrativos en un 25 % en total y en un 35 % para las pymes antes de que finalice este mandato.

Simplificar las normas existentes y convertir la digitalización en la norma

Como parte del compromiso de la Comisión de reducir la carga normativa y administrativa para las empresas, la Comisión también publica hoy un cuarto paquete global de simplificación para las empresas. La Comisión Europea propone reducir los costes administrativos anuales para las empresas en 400 millones de euros, que se suman a los 8 000 millones de euros ya previstos a través de anteriores esfuerzos de simplificación.

La propuesta acelerará la transición digital, eliminando los engorrosos requisitos basados en el papel de la legislación sobre productos. Las normas actuales de la UE siguen exigiendo a las empresas que faciliten declaraciones de conformidad o instrucciones de uso en papel, entre otras. Mediante la digitalización de estos requisitos, las empresas pueden presentar y distribuir más fácilmente la información y las autoridades nacionales podrán verificar el cumplimiento de manera más eficiente.

Especificaciones comunes para garantizar la seguridad jurídica

Las empresas, incluidas las pymes y los países del Mediterráneo Meridional, tendrán una vía clara para demostrar que sus productos cumplen los requisitos de la UE, incluso cuando no se disponga de normas armonizadas a escala de la UE. Esto les ofrecerá más seguridad jurídica, reducirá los costes y aumentará la competitividad.