Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha advertido de que la aplicación del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) a los fertilizantes, prevista para el 1 de enero de 2026, supondrá un nuevo incremento de los costes de producción agraria si no se introducen medidas correctoras.
La organización recuerda que el CBAM busca gravar las importaciones de productos intensivos en carbono procedentes de terceros países para evitar la fuga de emisiones y garantizar una competencia más equitativa con la producción europea. Entre los sectores afectados se encuentran los fertilizantes, considerados un insumo esencial para la agricultura y uno de los principales determinantes de los costes de producción de agricultores y ganaderos.
Unión de Uniones señala que los fertilizantes han experimentado en los últimos años incrementos de precio que, en muchos sistemas productivos, representan entre el 15 % y el 30 % de los costes totales. Según la organización, la entrada en vigor del CBAM podría traducirse en nuevos aumentos de varias decenas de euros por tonelada, lo que equivaldría a sobrecostes adicionales de entre 40 y 100 euros por hectárea, dependiendo del cultivo y del nivel de fertilización.
A escala del sector agrario, estos incrementos podrían suponer un impacto económico estimado de entre 1.500 y 6.000 millones de euros al año, en un contexto marcado por la fuerte presión de costes y por la elevada dependencia de fertilizantes importados de terceros países.
La organización también critica que, a un mes de su aplicación, persisten importantes incertidumbres técnicas sobre el funcionamiento del mecanismo. Entre los aspectos aún no resueltos menciona la metodología definitiva para calcular las emisiones incorporadas en los fertilizantes, el sistema de verificación y certificación de los datos declarados por los importadores, el precio efectivo de los certificados CBAM vinculado al mercado del carbono y la posible introducción de medidas compensatorias o correctoras para el sector agrario. Esta falta de claridad subraya, dificulta la planificación de las explotaciones y agrava el “efecto tijera” que ya afrontan agricultores y ganaderos, con costes al alza y precios en origen insuficientes para absorber nuevos incrementos.
“Seguiremos defendiendo una política climática ambiciosa, pero que tenga en cuenta la realidad económica del campo y no ponga en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias”, afirman desde Unión de Uniones, que lamenta que no sea la primera vez que desde Bruselas se impulsan políticas sin estudios de impacto adecuados. “La Comisión Europea ya está cogiendo la costumbre de dispararse al pie”, concluyen.
