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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en el Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios, celebrado el 31 de marzo, ha defendido la “necesidad” de una bajada de impuestos que dé “oxígeno” al sector agrario ante la desorbitada subida de costes de producción.

La titular del ramo ha trasladado al Consejo Consultivo la posición consensuada previamente con las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, reclamando como una prioridad que el Gobierno central destine más fondos del Next Generation al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Crespo también ha manifestado que la bajada de 20 céntimos en los carburantes es insuficiente y ha reclamado al Ministerio, entre las principales demandas de Andalucía, una bajada fiscal a través de una desgravación especial de la energía, el gasóleo, los piensos, los fertilizantes y los plásticos para el sector agrario. De esta forma, se persigue que los agricultores y los ganaderos compensen parte de una subida generalizada de los costes que pone en serio riesgo la rentabilidad de una actividad que en el caso de la comunidad andaluza supone el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10% del empleo.

España va a recibir de Europa 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello, Crespo ha incidido en que el Ministerio de Agricultura debe recibir mucho más de lo inicialmente fijado. “No puede ser que solo cuente con 1.000 millones de euros del Next Generation, mientras que Transición Ecológica se lleva 14.000 millones de euros”, ha enfatizado.

El Gobierno andaluz tiene claro que “no es el momento de establecer más cargas que limitan” a un sector que ha sido un ejemplo durante la pandemia y que en comunidades como Andalucía es uno de los ejes sobre los que pivota la economía. “Consideramos que es necesario adecuar la nueva PAC a la situación de excepcionalidad, de forma especial en la aplicación de los ecoesquemas. Los agricultores y los ganadores andaluces son ejemplo de aplicación de prácticas sostenibles. De hecho, la superficie ecológica ya se encuentra en el 29,7%, pero implantar ahora las estrategias De la granja a la mesa y la Biodiversidad supondría recortar en un 10% la competitividad del sector”, ha añadido.

La consejera ha agradecido que se pongan en marcha ayudas “absolutamente imprescindibles” para la subsistencia de agricultores y ganaderos, pero ha exigido un reparto “justo y equitativo”. Es decir, una distribución del fondo de crisis (193 millones de euros) similar al que ha hecho la Unión Europea con los Estados miembros, lo que supone que a Andalucía llegue un 29,5% del presupuesto. “No se trata solo de paliar los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino de dar una respuesta a la crisis por una subida desorbitada de los costes de producción y por la sequía que castiga de forma especial a Andalucía”.

Desde Andalucía, por último, se insiste en la conveniencia de recuperar la doble tarifa eléctrica para regadíos, como se acordase en 2018, al tiempo que se insiste en proteger la soberanía alimentaria a través del concepto de preferencia comunitaria y la aplicación de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal de terceros países.

 

 

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