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El Gobierno mantiene su firme compromiso de modificar la ley de 2013 para lograr un impacto positivo en la dinamización del mercado, fomentar el reparto equitativo del valor añadido y mejorar la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena. Tras la primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza ahora los restantes trámites y consultas preceptivas.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sometió el 30 de junio a informe el anteproyecto de ley que modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que comienza su tramitación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro Luis Planas ha destacado que el mejor reconocimiento que el Gobierno puede hacer es abordar los principales temas de fondo de una cadena alimentaria “moderna y competitiva”, que ha tenido un “excelente comportamiento” durante el estado de alarma, pero que no está desprovista de problemas estructurales.

En este sentido, ha señalado tres elementos básicos a los que el Gobierno buscar dar solución: desequilibrio entre los distintos elementos de la cadena, la falta de transparencia en la formación de precios y la debilidad de agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los demás eslabones.

Según el ministro, se trata de un “paso adelante muy importante” por el propio contenido legal de la norma y porque constituye, junto al decreto ley aprobado en el mes de febrero, “un proceso de transformación estructural de nuestro sector primario y agroalimentario fundamental”, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la planificación empresarial.

La modificación de la ley incorpora, según Planas,  medidas más ambiciosas para lograr una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos.

Los objetivos de la nueva Ley son:

  • Reforzar la posición negociadora de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones.
  • Conformar la cadena de valor agroalimentaria de abajo hacia arriba.
  • Evitar prácticas desleales en la contratación agroalimentaria.
  • Aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica.
  • Ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.

 Medidas para evitar prácticas comerciales desleales

La revisión de la ley de 2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se completará ahora con la transposición al derecho español de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario.

Introducirá nuevas medidas contra las prácticas comerciales desleales, no recogidas en la legislación española, lo que supone, según el Gobierno, un avance capital para luchar contra prácticas que distorsionan las relaciones en la cadena. De esta forma, se favorecen las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria y se preserva lo ya aprobado mediante el real decreto-ley de febrero.

El anteproyecto también recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.

Obliga a que en las relaciones comerciales internacionales los productos importados tendrán que atenerse a las prácticas comerciales contenidas en el anteproyecto de ley de la cadena.

La norma se aplicará a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando uno de los dos esté establecido en la Unión Europea (UE), por lo que deja de ser necesario que ambos estén radicados en la UE. Este cambio permitirá una mejor protección a los operadores españoles en un sector marcadamente vinculado al comercio internacional. La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español.

Este anteproyecto incorpora nuevas condiciones relativas al contenido de los contratos, como las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.

Nuevas infracciones sancionables

Respecto a las sanciones, se incorporan algunas nuevas infracciones para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la nueva redacción que se propone para la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

Entre las leves destacan:

  • La cancelación, por cualquiera de las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor.
  • La devolución, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

Como graves se incorporan:

  • Incumplir la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección.
  • La obstrucción a la inspección.

AICA, como autoridad de ejecución estatal

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. En el ámbito autonómico, en el marco de sus competencias con potestad sancionadora, se designarán autoridades que velarán por el cumplimiento de la ley y que tendrán, al menos, las funciones atribuidas a AICA.

En consonancia con lo dispuesto en la directiva se amplían las facultades de la autoridad encargada de resolver el expediente sancionador. Así, además de la multa podrá acordar que se ponga fin a la práctica comercial prohibida y fijar una indemnización a favor del perjudicado por dicha práctica.

Tras esta primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza los restantes trámites y consultas preceptivas.

El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, después de las preceptivas consultas a las comunidades autónomas, sector, Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia y Mercados y el Consejo de Estado.

 

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