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El secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha explicado le pasado 17 de marzo en rueda de prensa que el futuro del campo de la región va a depender mucho de las próximas negociaciones sobre la PAC, el sector vitivinícola y las políticas hidráulicas.

Sobre la reforma de la PAC, Fresneda ha explicado que este año y el que viene las ayudas se rigen por el Real Decreto 41/2021 de transición. “Para 2021 no tuvimos la opción de negociar y, como consecuencia, muchos productores han visto recortadas de forma muy abrupta sus ayudas, a pesar de que la Comisión Europea no obligaba a una convergencia ni tan inmediata ni tan brusca”. Por eso ha pedido que el proceso de convergencia, acercar el valor de los derechos de cada agricultor o ganadero al valor medio de su región, “se frene en 2022 y, a partir del 2023 se alcance una convergencia total a nivel nacional reduciendo al mínimo posible el número de regiones de pago”.

“Castilla-La Mancha ha sido demasiado solidaria en las últimas reformas y esta vez no se puede quedar de brazos cruzados”. Por eso, Fresneda ha planteado una reunión con la Consejería de Agricultura y nuestros servicios técnicos “para fijar una posición común que garantice la defensa de los intereses de los profesionales de la agricultura, pues el documento que elaboró la Consejería hace unos años ya no sirve porque las cosas han cambiado”.

La organización agraria ha pedido que los ecoesquemas, los pagos para promover la protección del medio ambiente y el clima, se confeccionen de tal forma que los agricultores los puedan cumplir y “no solamente para satisfacer las ambiciones de los medioambientalistas, los mismos que se escondían mientras los productores trabajaban y limpiaban o desinfectaban los pueblos en la pandemia o en el temporal de Filomena.”

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