La asignación reservada para España en la futura PAC se completaría mediante dos mecanismos de flexibilidad para aproximar los fondos a los del actual periodo. En la negociación, España rechaza además que las intervenciones vitivinícola y de frutas y hortalizas tengan que asumir una cofinanciación nacional del 30%.España tiene garantizada una asignación de 37.235 millones de euros de fondos reservados para la Política Agraria Común (PAC) durante el periodo 2028-2034, según los datos trasladados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las comunidades autónomas en el Consejo Consultivo de Política Agrícola.
Esta cantidad se completaría hasta aproximarse a la dotación del actual periodo mediante dos mecanismos de flexibilidad. El primero sería la reasignación a la PAC del 10% de los fondos de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNR) que deben destinarse a las zonas rurales.
El segundo corresponde al mecanismo de revisión intermedia, que todavía deberá ser refrendado por las instituciones europeas y dependerá de la configuración definitiva del Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034.
Las negociaciones sobre la futura PAC entran ahora en una fase decisiva, con el objetivo de cerrar antes de final de año un acuerdo político sobre su reglamento. Entre las cuestiones pendientes se encuentran la orientación de la nueva Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie (DABIS), que sustituirá básicamente a la actual Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad; los pagos a pequeños agricultores; los topes máximos y mínimos; las ayudas asociadas; las intervenciones sectoriales y la arquitectura medioambiental.
La propuesta de la Comisión Europea articula la nueva PAC en torno a 18 intervenciones, de las que 12 dispondrían de presupuesto reservado. Cuatro de ellas —DABIS, ayudas complementarias a jóvenes, régimen simplificado para pequeños agricultores y ayudas asociadas— contarían con financiación exclusivamente europea.
En materia de relevo generacional, España plantea que el 10% de las ayudas se destine a jóvenes agricultores, una posición respaldada por las comunidades autónomas, y defiende mantener el actual nivel de las ayudas asociadas.
Uno de los principales puntos de discrepancia se encuentra en la financiación de las restantes intervenciones con presupuesto reservado, para las que la propuesta contempla actualmente una cofinanciación nacional del 30%. España rechaza este modelo y reclama especialmente que las intervenciones sectoriales del vino y de frutas y hortalizas continúen financiándose con fondos europeos, como hasta ahora, para evitar posibles distorsiones de mercado.
Las otras seis intervenciones, entre las que figuran el programa LEADER de desarrollo rural y las ayudas a la innovación, no disponen de un presupuesto reservado y quedarían vinculadas a la asignación de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación. España plantea que también cuenten con una reserva presupuestaria propia.
La posición española incluye asimismo la petición de una dotación específica para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) de Canarias, que no figura en la propuesta inicial, por una cuantía de al menos 268 millones de euros anuales, equivalente a la actual.
