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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone una reforma profunda del marco normativo que afecta a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es reducir barreras regulatorias, cargas administrativas y dificultades de acceso a la contratación públicaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado una reforma integral de la normativa que afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes) con el fin de eliminar obstáculos que dificultan su creación, crecimiento y participación en la contratación pública.

El tejido empresarial español cuenta con más de tres millones de pymes, que representan el 99,8 % del total de empresas, generan el 65 % del empleo y aportan el 55 % del PIB del sector privado. Pese a su relevancia económica, estas empresas afrontan cargas burocráticas, fragmentación normativa y dificultades para acceder a licitaciones públicas.

El “Estudio sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes y a su participación en la contratación pública” (E/CNMC/004/23) analiza los principales obstáculos existentes en España y formula una serie de recomendaciones.

Entre las barreras detectadas figura la escasa presencia de las pymes en la contratación pública. Según el análisis, la complejidad normativa, el diseño de los pliegos y la existencia de requisitos innecesarios o desproporcionados reducen sus opciones como adjudicatarias y desincentivan su participación. También señala dificultades para acceder a la información y los elevados costes administrativos asociados a los procedimientos.

Estas dinámicas, apunta el estudio, afectan igualmente a las administraciones públicas, que reciben menos ofertas en términos de calidad y precio, lo que repercute en el gasto y en los servicios públicos disponibles para la ciudadanía.

Para facilitar la creación y el crecimiento empresarial, la CNMC propone impulsar un mercado más integrado y procompetitivo, reduciendo la fragmentación normativa y promoviendo medidas como las ordenanzas tipo municipales. Asimismo, plantea extender el uso de declaraciones responsables, agilizar la tramitación de licencias y reforzar el sistema CIRCE como ventanilla única para la creación de empresas y los puntos de atención al emprendedor. También recomienda fomentar los bancos de pruebas regulatorios o “sandboxes” para facilitar la innovación.

El organismo aboga además por modular las obligaciones en función del tamaño empresarial y evitar el denominado “efecto escalón” mediante transiciones más graduales. Entre otras medidas, propone asegurar el cumplimiento del principio de “solo una vez” en la aportación de documentación, ofrecer apoyo proactivo a las pymes, diseñar ayudas eficientes y accesibles, y valorar la implantación de pagos automáticos de intereses de demora y sanciones frente a la morosidad.

En materia de contratación pública, la CNMC plantea reformar en profundidad el marco normativo con un enfoque procompetitivo que simplifique y agilice los procedimientos. También propone mejorar la accesibilidad y utilidad de la información sobre licitaciones, impulsar iniciativas de acompañamiento y formación, reforzar la planificación y el análisis previo de mercado, y facilitar la presentación de ofertas.

Entre las medidas concretas, destaca la división de contratos en lotes para fomentar la competencia y la participación de pymes, la eliminación de requisitos desproporcionados o innecesarios, el ajuste de plazos y la reducción de cargas tanto en la presentación de ofertas como durante la ejecución de los contratos. Asimismo, subraya la necesidad de dotar de recursos y capacidades suficientes a los órganos de contratación.

 

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