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La Comisión ha presentado el 2 de octubre su evaluación positiva del plan de recuperación y resiliencia (PRR) modificado de España, que incluye un capítulo dedicado a REPowerEU.

El plan asciende ahora a 163 000 millones de euros (83 000 millones de euros en préstamos y 80 000 millones de euros en subvenciones) y abarca 111 reformas y 142 inversiones.

El capítulo REPowerEU de España consta de una nueva reforma, una inversión ampliada basada en tres medidas existentes y siete nuevas inversiones para cumplir los objetivos del Plan REPowerEU para hacer que Europa sea independiente de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030. Estas medidas se centran en diversificar las fuentes de energía para depender en menor medida de los combustibles fósiles, sobre todo mediante la agilización de la implantación de energías renovables, el hidrógeno renovable, la descarbonización de la industria y la inversión en la cadena de valor para la industria de cero emisiones netas.

Además, el plan de recuperación y resiliencia revisado contempla 59 medidas que son nuevas o que se dirigen a hacer que sus objetivos sean más ambiciosos. Las nuevas medidas tienen por objeto fortalecer el entorno empresarial español y atraer a trabajadores cualificados, mejorar la sostenibilidad del sector agrícola, fomentar la economía circular y luchar contra la desertificación, racionalizar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de energías renovables, reforzar las normas en materia de ciberseguridad e impulsar la vivienda asequible. Las inversiones que se propone realizar o ampliar abarcan nuevos instrumentos financieros para promover las inversiones en la economía, por ejemplo, para sostener las transiciones ecológica y digital, y la competitividad de las pymes.

Los cambios introducidos por España en el plan original se basan en la necesidad de tener en cuenta lo siguiente:

–         circunstancias objetivas que obstaculizan el cumplimiento de determinadas medidas según lo previsto inicialmente, tales como la elevada inflación experimentada en 2022 y 2023 y las perturbaciones en la cadena de suministro causadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;

–         la solicitud de utilizar 83 000 millones de euros en préstamos del MRR disponibles;

–         la revisión al alza de su asignación máxima de subvenciones del MRR, de 69 500 millones de euros a 77 200 millones de euros.

Para financiar los objetivos más ambiciosos de su plan, España también ha solicitado transferir al plan su parte de la Reserva de Adaptación al Brexit, en consonancia con el Reglamento REPowerEU, por un importe de 58 millones de euros. Estos fondos, añadidos a la asignación de subvenciones del MRR y REPowerEU a España (que ascienden a 77 200 millones de euros y 2 600 millones de euros, respectivamente) y a su solicitud de préstamo en el marco del MRR por valor de 83 000 millones de euros, hacen que el plan modificado global que se ha aprobado ascienda a 163 000 millones de euros.

Un estímulo adicional a la transición ecológica de España  

El plan modificado se centra en gran medida en la transición ecológica, al asignar el 40 % de los fondos disponibles a medidas de apoyo a los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático. El plan revisado abarca 30 nuevas medidas sobre la acción por el clima, con lo que la contribución ecológica total asciende a 65 000 millones de euros (frente a los 27 600 millones de euros del plan original).

La nueva reforma, la ampliación de la inversión y las siete nuevas inversiones incluidas en el capítulo de REPowerEU contribuyen considerablemente a la dimensión ecológica del plan. La reforma tiene por objeto facilitar la implantación de fuentes de energía renovables y racionalizar la tramitación de las solicitudes de autorización. Las siete nuevas inversiones se centran en el hidrógeno renovable, la cadena de valor de las energías renovables, las redes eléctricas y la descarbonización de la industria. La ampliación de la inversión apoyará el autoconsumo, el almacenamiento y las comunidades de energía.

Además, también se prevén grandes inversiones, estructuradas como instrumentos financieros, sistemas de subvenciones y de apoyo, que estimularán el transporte sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables, la descarbonización de la industria, la economía circular, la adaptación al cambio climático y el turismo sostenible. Otras inversiones sostendrán la gestión y la reutilización del agua, aumentando su eficiencia mediante la digitalización de las «comunidades de regadío» y de los procesos relacionados con la gestión del ciclo del agua de las ciudades.

Refuerzo de la preparación digital y la resiliencia social de España 

También se han ampliado los objetivos de plan español en materia digital gracias a 18 nuevas medidas que contribuirán a la transición digital al fomentar el desarrollo de tecnologías avanzadas, prestar apoyo a las empresas emergentes e invertir en investigación y desarrollo (I+D). El plan revisado dedica el 26 % de su asignación total a sostener la transición digital del país.

El plan modificado incluye varias medidas nuevas relacionadas con las tecnologías digitales avanzadas, con inversiones estratégicas en toda la cadena de valor de microprocesadores avanzados, desde la I+D hasta la fabricación. También se prevén cuantiosas inversiones que sostendrán la expansión de las empresas tecnológicas emergentes, la mejora del acceso a la financiación para las empresas del sector audiovisual y el fomento del uso de nuevas herramientas tecnológicas en el sector de los medios de comunicación. Se estimulará la digitalización del sector de la gestión del agua y de la administración pública mediante inversiones adicionales, también en ciberseguridad.

Asimismo, ha aumentado la importante dimensión social del plan modificado. Además de las reformas e inversiones transformadoras del plan original, las nuevas medidas contemplan un aumento de la oferta y un acceso más fácil a la vivienda, la atracción de talento extranjero y la facilitación de la entrada en el país de trabajadores migrantes cualificados. También se prevén la mejora de las normas de salud humana y animal para el transporte y el uso sostenible de antibióticos en el sector ganadero.

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