La Comisión Europea presentó el 10 de diciembre un paquete de medidas para simplificar la legislación medioambiental en ámbitos como las emisiones industriales, la economía circular, las evaluaciones ambientales y los datos geoespaciales, con el objetivo de reducir la carga administrativa a las empresas.
Según el Ejecutivo comunitario, los cambios permitirán acelerar y simplificar los procesos de concesión de permisos para todo tipo de proyectos, especialmente en sectores estratégicos como los proyectos digitales estratégicos, las materias primas críticas y la vivienda asequible, facilitando la transición hacia una economía limpia y digital. La Comisión subraya que la simplificación normativa es esencial para alcanzar los objetivos ambientales y reforzar la competitividad de la UE.
Con esta propuesta, se estima que las empresas podrán ahorrar aproximadamente 1.000 M€ al año, lo que eleva los ahorros administrativos derivados de los paquetes ómnibus y otras iniciativas de simplificación ya presentadas hasta casi 11.000 M€ anuales. El objetivo global de la Comisión es alcanzar 37.500 M€ en ahorro anual de costes administrativos antes del final de su mandato en 2029.
La iniciativa se enmarca en el Compás de Competitividad de la UE y forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir la burocracia y reforzar la competitividad y la resiliencia europeas, al tiempo que se fomenta el crecimiento verde. El paquete incluye seis propuestas legislativas y refleja las contribuciones de las partes interesadas recogidas en una consulta pública lanzada el 22 de julio de 2025, que recibió más de 190.000 respuestas.
Entre las principales medidas figura la simplificación de las evaluaciones ambientales para la concesión de permisos, mediante procedimientos más rápidos, puntos únicos de contacto y una mayor digitalización. También se contempla un conjunto de herramientas para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la descarbonización o a la eficiencia de los recursos, incluida la vivienda asequible.
En el ámbito de las emisiones industriales, la propuesta concede mayor flexibilidad a las empresas en la aplicación de los sistemas de gestión ambiental, eliminando la obligación de incluir planes de transformación, ampliando los plazos de preparación y suprimiendo la exigencia de auditorías independientes. Agricultores y operadores de acuicultura quedarán exentos de determinadas obligaciones de información, reduciendo la carga administrativa y simplificando el alcance de las actividades agrícolas, con menos duplicidades para las explotaciones ecológicas.
El paquete prevé además sustituir la base de datos SCIP sobre sustancias peligrosas en productos, cuyo coste se consideraba desproporcionado, por soluciones digitales más eficaces como el Pasaporte Digital de Producto y la aplicación del enfoque Una Sustancia, Una Evaluación, mediante una modificación de la Directiva Marco de Residuos.
Otra de las medidas incluidas es la simplificación de la Responsabilidad Ampliada del Productor, mediante la suspensión de la obligación de que los productores europeos designen representantes autorizados en cada Estado miembro donde comercialicen productos, a la espera de una mayor racionalización de estos sistemas en el marco de la futura Ley de Economía Circular.
Asimismo, la Comisión propone facilitar el acceso a los datos geoespaciales, alineando los requisitos técnicos de la Directiva INSPIRE con la legislación horizontal sobre datos geoespaciales de alto valor del sector público, lo que permitirá reducir costes de cumplimiento para las autoridades públicas y mejorar el acceso a estos datos.
La propuesta legislativa será ahora remitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. La Comisión ha indicado que continuará trabajando en la simplificación de la legislación vigente en los próximos años, mediante pruebas de estrés normativas, orientaciones y mejoras en la aplicación de las normas existentes.
