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La Comisión Europea ha adoptado el 31 de marzo una propuesta de revisión del régimen de indicaciones geográficas (IG) de vinos, bebidas espirituosas y productos agrarios. Las nuevas medidas deberían tener como resultado una mayor aceptación de las IG en toda la Unión en beneficio de la economía rural y lograr un mayor nivel de protección, especialmente en línea.  Mientras que la EFOW denuncia un intento de desmantelamiento de la política de IG por parte de la Comisión.

Para la Comisión su propuesta trata de mantener los altos estándares y calidad de los alimentos de la UE y velar por que nuestro patrimonio cultural, gastronómico y local se conserve y certifique como auténtico dentro de la UE y en todo el mundo.

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha declarado que “Las indicaciones geográficas representan la riqueza y la diversidad de nuestro patrimonio culinario europeo. Al proponer hoy un refuerzo y una mayor armonización de nuestro marco jurídico, pretendemos estimular la producción de productos tradicionales de calidad. Esto redundará en beneficio de la economía rural en toda la Unión y contribuirá a preservar las tradiciones locales y los recursos naturales. Además, mantendrá la reputación mundial de los productos agroalimentarios de la UE”.

La Comisión propone las medidas siguientes para reforzar y mejorar el sistema actual de indicaciones geográficas.

Procedimiento de registro abreviado y simplificado: Se fusionarán las diferentes normas técnicas y de procedimiento en materia de indicaciones geográficas, de manera que habrá un único procedimiento de registro simplificado de IG para los solicitantes de la UE y de terceros países. Como esta armonización hará que sea más breve el plazo entre la presentación de la solicitud y el registro, se prevé que ello aumente el atractivo de los regímenes para los productores.

Mayor protección en línea: El nuevo marco aumentará la protección de las indicaciones geográficas en internet, sobre todo en lo que respecta a las ventas a través de plataformas en línea y la protección frente al registro y el uso de mala fe de IG en el sistema de nombres de dominio.

Mayor sostenibilidad: Como resultado directo de la Estrategia «De la granja a la Mesa», los productores podrán sacar partido de sus iniciativas en materia de sostenibilidad social, medioambiental o económica en sus pliegos de condiciones mediante el establecimiento de los requisitos correspondientes. Esto contribuirá a proteger mejor los recursos naturales y las economías rurales gracias a la defensa de las variedades vegetales y las razas animales locales, la preservación del paisaje de la zona de producción y la mejora del bienestar animal. Esto también podría resultar atractivo para los consumidores deseosos de reducir su impacto en el medio ambiente.

Capacitación de las agrupaciones de productores: Los Estados miembros deberán otorgar reconocimiento a las agrupaciones de productores de IG que lo soliciten. Las agrupaciones reconocidas estarán facultadas para gestionar, hacer cumplir y fomentar sus IG recurriendo, en particular, a las autoridades aduaneras y de lucha contra la falsificación en todos los Estados miembros.

La propuesta también prorroga el régimen de calidad de las especialidades tradicionales garantizadas y el uso del término «producto de montaña» como término de calidad facultativo.

Los Estados miembros seguirán siendo responsables del cumplimiento a escala a nivel nacional, mientras que la Comisión lo seguirá siendo en materia de registro, modificación y cancelación de todos los registros. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) prestará apoyo técnico en el procedimiento de evaluación para contribuir a agilizar los trámites. La Comisión y la OPIUE llevan cuatro años cooperando en materia de indicaciones geográficas y, durante ese tiempo, la OPIUE ha contribuido a evaluar alrededor de 1 300 solicitudes de IG y creado GIview, una nueva base de datos de búsqueda de todos los nombres protegidos, vinculada al registro de indicaciones geográficas de la UE.

La propuesta del 31 de marzo es el resultado de un amplio proceso de consulta. En octubre de 2020, se publicó una evaluación inicial de impacto, seguida de una consulta pública entre el 15 de enero y el 9 de abril de 2021, así como de consultas específicas con los Estados miembros y las organizaciones pertinentes en este ámbito.

Posición de la EFOW

Sin embargo, la Federación Europea de Vinos de Origen (EFOW) en la que está integrada la española CECRV, denuncia que la nueva propuesta la Comisión Europea es un desmantelamiento de la política IG.

Para la EFOW, la propuesta de reforma carece de visión, ambición y claridad y podría poner en peligro la vitalidad del sector.

Para el presidente de la EFOE, Bernard Farges, “los cambios propuestos implicaría un debilitamiento sustancial del vínculo entre las IG y el marco de la política de desarrollo rural”. “Si se aprueban tal como están, estas reglas pondrán en peligro un sistema que m desde la década de 1970, ha sido fundamental para fortalecer las denominaciones de vinos y la vitalidad de muchas regiones y territorios europeos”.

Desde la asociación europea entienden que la propuesta de la Comisión carece de visión, porque no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de IIGG de la DG AGRI (Comisión Europea) en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), lo que, de facto, supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (la EUIPO se dedica a la protección de marcas y diseños en la UE), cuando una IG es mucho más que la protección del nombre. Una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo. Las indicaciones geográficas son derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios (control, promoción de la calidad diferenciada vinculada a un territorio, en beneficio del desarrollo rural de una zona…).

EFOW manifiesta que hasta el momento, el marco jurídico actual (la regulación de las IIGG queda dentro de la regulación europea para la Organización Común del Mercado de los productos agrarios -OCM-) ha abordado las figuras de calidad como instrumento de política pública, herramienta de desarrollo local y parte fundamental de las políticas agrícola y comercial de la UE. Y esto se vería socavado si la reforma planteada por la Comisión Europea fuese aprobada en los términos actuales. Y es que la propuesta de la Comisión desvincula del Reglamento europeo de la OCM (uno de los pilares de la PAC) muchas disposiciones referidas a las IIGG, cuando muchos de los asuntos relativos a la gestión de las indicaciones geográficas no pueden desligarse de los debates y cuestiones de mercado que atañen al conjunto de los sectores a los que pertenecen.

La asociación europea y sus miembros, consideran que una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DDOO reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa. Por ello, trabajarán intensamente con el Parlamento Europeo y con los Estados Miembro en los próximos meses, durante el proceso de tramitación legislativa de este proyecto, para lograr una política sólida de IIGG.

 

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