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La mayor parte, 147,5 millones de euros, corresponden con inversiones en agricultura de precisión y bioseguridad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se incluyen 5,7 millones para programas de erradicación de enfermedades de los animales y prevención de plagas.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado EL 13 de octubre la distribución entre las distintas comunidades autónomas de 156.369.174,69 euros para la financiación de distintos programas agrícolas y ganaderos. La mayor parte, 147,5 millones de euros, se corresponden con inversiones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los fondos para las ayudas a inversiones contempladas dentro del PRTR acordados en la Conferencia Sectorial que ha presidido por videoconferencia  el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, corresponden a las líneas de agricultura de precisión (C3.I4) y bioseguridad (C3.I3).

En el caso de las inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de energías y gases renovables en el sector agrícola y ganadero se ha acordado la territorialización de 101,8 millones de euros correspondientes a la segunda anualidad, 2022.

Pero además se ha acordado también el reparto de 33,03 millones de la tercera anualidad (2023), de manera que las comunidades autónomas puedan atender la totalidad de las solicitudes recibidas en 2022 y publicar en 2023 nuevas convocatorias con el crédito resultante. El total por tanto del montante territorializado de esta línea acordado suma más de 134,8 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Las actuaciones previstas en este programa abarcan un amplio abanico de equipos, dispositivos y aplicaciones software con alcance tecnológico diverso, que pueden combinarse en proyectos de inversión dirigidos a la consecución de unos objetivos concretos de sostenibilidad en las explotaciones.

La línea de refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad suma 12.700.000 euros, repartidos a partes iguales entre las actuaciones en viveros y en centros de limpieza y desinfección (6.350.000 euros en cada una). El objetivo de esta inversión es reforzar las condiciones de bioseguridad como elemento determinante para la prevención de la propagación de enfermedades animales o plagas y organismos nocivos de los vegetales.

Otros programas

La Conferencia Sectorial ha acordado además el reparto territorial de otros 8,7 millones de euros de distintos programas de sanidad animal y vegetal y de ayudas a la producción.

Así, para el programa de erradicación de enfermedades de los animales se ha aprobado la territorialización de 3.300.294,46 euros, que complementan lo ya acordado en Conferencia Sectorial el pasado mes de mayo, y que van destinados a las comunidades de Andalucía y Castilla y León para sufragar los gastos ocasionados por las enfermedades de newcastle e influenza aviar.

De igual forma, 2.497.067,59 euros irán destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas. Una vez atendidas todas las solicitudes de las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial de mayo, con esta nueva territorialización se trata de cubrir nuevas solicitudes de las comunidades autónomas de Cataluña y Comunidad Valenciana en la prevención y lucha contra plagas.

Asimismo, se ha acordado distribuir 3.000.000 euros a Canarias, que se suman a los 18.000.000 euros ya territorializados en el mes de mayo, en apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI). El incremento de la dotación en esta línea permitirá paliar los efectos de la actual coyuntura económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento sostenido de los costes de producción, que se une a los condicionantes propios de la insularidad que afectan a los agricultores y ganaderos canarios.

 

 

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