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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha afirmado que “Andalucía dará la talla” pese al incremento de las exigencias ambientales pactado este viernes en Bruselas para la nueva Política Agraria Común (PAC). La titular del ramo ha valorado la esperada noticia de este acuerdo provisional entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (el denominado ‘supertrílogo’) porque otorga “certidumbre” al sector agrario, aunque contenga “luces y sombras”, después de tres años de negociaciones.

El acuerdo alcanzado, que aún debe ser aprobado a comienzos de la próxima semana por el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, implica mayor gobernanza para los estados miembros y no exige cambios bruscos sobre el modelo actual; eso sí, con un incremento de requisitos ambientales. La consejera subraya que la nueva PAC “contempla un modelo sin cambios bruscos respecto al actual aplicado en España, permitiendo el propuesto para el periodo 2023-2027 en la declaración institucional apoyada por todo el sector andaluz”, basado en la regionalización de las ayudas como el pago básico a la la renta y a los ecoesquemas y en el sistema de derechos. “Estos son elementos esenciales para el reconocimiento de la diversidad de nuestra agricultura“, ha añadido.

Respecto al sistema de derechos, el texto aprobado se ajusta al periodo de convergencia paulatino propuesto por Andalucía, que fija el objetivo de alcanzar el 85% en 2026 e introduciendo un mecanismo de limitación de pérdidas para aquellos que tengan un mayor valor. “Desde Andalucía consideramos que la convergencia debe realizarse de una forma paulatina que permita la adaptación de los agricultores y ganaderos a la nueva situación. La convergencia intrarregional del 85% debe alcanzarse al final del periodo, tal y como se establece en el acuerdo”, ha señalado Crespo. También es fundamental la limitación de las pérdidas que se puedan producir por la aplicación de esta convergencia en aquellos sectores especialmente afectados, “como puedan ser los sectores ganaderos de poca base territorial y los de cultivos industriales“, ya que, de otra forma, estos agricultores y ganaderos se verían muy perjudicados haciendo inviable el mantenimiento de su actividad.

Igualmente, se respeta la pluriactividad dentro de la definición de agricultor genuino, incluyendo a aquellos que reciben menos de 5.000 euros de ayudas directas. “Ésta es una pieza clave para el mantenimiento de la actividad económica, el empleo y la fijación de la población en las zonas rurales”, ha recordado Crespo.

No obstante, la consejera ha lamentado que el acuerdo definitivo “contiene algunas sombras”, como la falta de mecanismos que permitan una adecuada gestión de los mercados para asegurar precios justos a los agricultores y los ganaderos o la introducción de nuevos requisitos medioambientales sin aumento presupuestario. “Este incremento de las exigencias ambientales y climáticas limita la competitividad en los mercados al generar una competencia desleal respecto a las importaciones de terceros países que no las aplican, poniendo en peligro la rentabilidad de nuestras explotaciones”, ha afirmado.

Andalucía considera “excesivo” condicionar un 25% de los pagos directos a ecoesquemas, al superarse el 20% inicialmente planteado por los estados miembros. Además, se aumenta la ambición ambiental del segundo pilar a un 35%, “un incremento que elimina el margen de maniobra y la flexibilidad para el cumplimiento de los objetivos ambientales de la PAC”.

Finalmente, se introduce en el acuerdo una nueva condicionalidad de las ayudas, basada en el cumplimiento de la legislación en materia laboral cuyas sanciones sobre pagos directos serán aplicadas por la autoridad agraria, lo que aumentará la carga administrativa y la complejidad de la gestión de las ayudas, lejos de la simplificación perseguida con la reforma.

Crespo ha recordado que el sector agroalimentario andaluz es un sector diversificado, competitivo, sostenible y con una amplitud de producciones que precisa una regionalización definida en base al potencial y a las orientaciones productivas. “Esperamos que el modelo de aplicación nacional de la futura PAC se adapte a las características agronómicas y estructurales de nuestra agricultura, que representa el 32% del Valor Añadido Bruto a nivel nacional y uno de los ejes de la actividad económica generadora de empleo y de la fijación de población sobre el territorio”, ha añadido.

“Ahora nos resta un intenso y arduo trabajo con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas para la aprobación del Plan Estratégico Nacional, es decir, la aplicación de esta reforma de la PAC en nuestro territorio. Estoy convencida de que el peso de Andalucía será reconocido y permitirá que nuestros agricultores y ganaderos puedan continuar demostrando por qué son líderes a partir del 1 de enero de 2023 en el nuevo marco plurianual”, ha concluido Crespo.

 

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