El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto en esta línea de subvenciones, que estará en vigor entre 2024 y 2028, y con la que se espera llegar a 1.026 beneficiarios y abarcar más de 10.500 hectáreas.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, 2 de julio, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, la aprobación del gasto destinado a la financiación de la línea de ayuda ‘Lucha alternativa a la lucha química’ por un importe de 2.918.179,25 euros para 1.026 beneficiarios. Las subvenciones tienen por objeto fomentar el uso de sistemas alternativos a los productos químicos para combatir plagas agrícolas y enfermedades de los cultivos en más de 10.500 hectáreas.
Las ayudas solicitadas se encuentran previstas dentro de las intervenciones regionales sobre el desarrollo rural del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, destinada a apoyar un manejo de plagas agrícolas alternativo a la lucha química. El objetivo es la reducción de la aplicación de productos químicos mediante la promoción del empleo de procedimientos distintos a la lucha química contra plagas y enfermedades, como son los sistemas de lucha biológica, la confusión sexual y la captura masiva, entre otros.
Por ello, los beneficiarios de las ayudas adquieren un compromiso por cinco años de uso de técnicas de control fitosanitario que se desarrollen durante la totalidad de la campaña agrícola del año de presentación de la solicitud. La calidad y eficacia del proyecto podrán ser evaluadas por el gestor de la ayuda y/o por los técnicos de la Sección de Protección de Cultivos, pudiendo considerarse no admisible para la concesión y/o el pago de la ayuda.
El programa de subvenciones abarca el periodo 2024-2028 y la financiación asciende a 583.635,85 euros cada año.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con el 45%; por la Administración General del Estado (9%) y por la Comunidad Autónoma de La Rioja (45%), conforme al plan financiero del PEPAC 2023-2027, y tienen una gran acogida en este periodo, tanto por el número de solicitantes como por hectáreas, suponiendo casi el 50% del total de las ayudas por superficies de desarrollo rural ligadas a objetivos ambientales.