ASEDAS advierte del impacto del encarecimiento de la energía, los combustibles, los fletes y determinadas materias primas sobre la distribución alimentaria, mientras la inflación de los alimentos se sitúa en el 2,3%, frente al 4,3% del IPC general.

Los supermercados españoles acumulan alrededor de 110 millones de euros de sobrecostes energéticos desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, en un escenario marcado por el aumento del precio de los carburantes, la electricidad y el transporte.

La inflación general se situó en agosto en el 4,3%, impulsada principalmente por los carburantes. Entre los componentes con mayores incrementos destaca el transporte, cuya tasa anual aumentó más de tres puntos hasta alcanzar el 9,5%, el nivel más elevado desde agosto de 2022.

Los alimentos también aceleraron su subida durante agosto, aunque a un ritmo inferior al del índice general. Su tasa anual alcanzó el 2,3%, siete décimas más que el mes anterior y dos puntos por debajo del IPC general. En junio, la inflación alimentaria había registrado su tasa interanual más baja desde comienzos de 2025.

El aumento de los costes afecta a diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Al encarecimiento de los combustibles y la electricidad se suman los mayores costes de los fletes y de determinadas materias primas, con repercusión sobre la producción, transformación y distribución de alimentos y otros productos básicos.

Entre los factores que añaden presión se encuentra también el encarecimiento de los materiales vinculados al plástico, con especial incidencia en los envases utilizados por numerosos productos de alimentación y gran consumo.

El impacto de estos costes se produce en un sector caracterizado por márgenes reducidos. Como referencia, durante el anterior periodo de elevada inflación, en 2022, los márgenes de las empresas de distribución alimentaria se situaron en el 1,85%, de acuerdo con los datos recogidos por ASEDAS y Retail Data.