La ley considera el desarrollo sostenible del medio rural vasco como un factor fundamental en la cohesión económica, social y territorial del conjunto de Euskadi. Refuerza el trabajo comarcal que se lleva a cabo actualmente con las Asociaciones de Desarrollo Rural, con la creación de una nueva Red de Desarrollo Rural y de un nuevo servicio de gestión (Lurralde) en la Fundación HAZI.
El Parlamento Vasco ha aprobado con un amplio consenso -con el voto a favor del PNV, PSE, EH-BILDU y Elkarrekin Podemos, la abstención del Grupo Popular Vasco-Ciudadanos y el voto en contra de Vox- la Ley de Desarrollo Rural del País Vasco, elaborada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en colaboración con las Diputaciones Forales, y que recoge las aportaciones de los agentes sectoriales implicados.
El consenso logrado hoy es fundamental porque la ley conlleva el trabajo y compromiso de múltiples agentes económicos, sociales e institucionales, tanto de ámbito local, -ayuntamientos y concejos-, como territorial, -las Diputaciones Forales-.
Esta Ley sustituye a la actualmente vigente, que data de 1998, y marca una nueva estrategia de desarrollo rural, al considerar el desarrollo sostenible del medio rural vasco como un factor fundamental en el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial del conjunto de Euskadi, avanzando hacia una concepción de desarrollo en línea con la Política de Cohesión Territorial que impulsa la UE.
Así, la nueva ley cuenta con un enfoque “rural proofing” (lente rural), buscando que las distintas políticas que se diseñen, tengan en cuenta su afección en el espacio rural vasco. Para ello se prevé que los planes, programas e iniciativas institucionales que afecten a las zonas rurales, con carácter previo a su aprobación, deberán ser sometidos a informes vinculantes por lo departamentos competentes en materia de desarrollo rural, tanto del Gobierno Vasco como de las Diputaciones Forales.
También contempla la implantación de una nueva gobernanza avanzada que actúe transversalmente en el medio rural, y pretende reforzar el trabajo que realizan actualmente las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR). Las ADRs podrán suscribir un convenio de colaboración plurianual con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral correspondiente. Asimismo, se prevé la creación de un nuevo servicio de gestión orientado al desarrollo territorial, dentro de la Fundación HAZI, denominado Lurralde.
La ley también contempla la creación de una nueva Red de Desarrollo Rural, en la que se integrarán cargos institucionales y técnicos de Gobierno Vasco, Diputaciones, EUDEL, ACOA-AKE (Asociación de Concejos de Álava), Cuadrillas, Hazi (Lurralde), Asociaciones de Desarrollo Rural, Grupos de Acción Local, y, en general, todo tipo de organizaciones territoriales y sectoriales de referencia y agentes implicados en el despliegue de los Programas Comarcales de Desarrollo Rural.
El objeto de la ley consiste en posicionar el medio rural vasco como un factor fundamental en el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial del país, de manera que se incorpore, en pie de igualdad, al resto del territorio en términos de innovación, modernidad y emprendimiento y, con ello, ayude a lograr una nueva visión, más integrada, de país. Todo ello sin obviar el papel estratégico que la actividad agraria juega en la gestión territorial y medioambiental de Euskadi, además de su papel económico y proveedor de alimentos.
Esta nueva Ley persigue que el desarrollo sostenible de las zonas rurales contribuya al desarrollo de Euskadi en su conjunto, para que estas zonas sean lugares atractivos donde vivir y emprender, desde una perspectiva de cohesión e igualdad de oportunidades. En la actualidad, se estima que un 8% de la población de Euskadi vive en zonas rurales, porcentaje que viene experimentando un ligero crecimiento en los últimos años. Esta tendencia se ha visto propiciada, recientemente, por la situación ocasionada por la pandemia de covid-19.