ASAJA ha reclamado a la Comisión Europea y al Consejo que no activen provisionalmente el acuerdo UE-Mercosur. La organización pide respetar la voluntad del Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha instado a la Comisión Europea y al Consejo a respetar la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y a no activar de forma provisional la parte comercial del acuerdo UE-Mercosur mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza su legalidad. La organización recuerda que la Eurocámara ha solicitado formalmente un dictamen jurídico ante las dudas existentes sobre el tratado.

ASAJA considera que aplicar provisionalmente el acuerdo pese a la decisión del Parlamento supondría desvirtuar una resolución democrática adoptada por una Cámara claramente dividida. A su juicio, esta división pone de manifiesto la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo que no pueden ser ignoradas por el resto de instituciones comunitarias.

La organización agraria subraya que el pronunciamiento del Parlamento Europeo no es simbólico y debe ser respetado. En este sentido, advierte de que forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el Tribunal de Justicia de la UE examina su legalidad solo contribuiría a incrementar la desconfianza del sector agrario y de la ciudadanía hacia la Unión Europea.

ASAJA ha puesto en valor la movilización unitaria del campo europeo en las últimas semanas, con concentraciones celebradas en Bruselas y Estrasburgo, que han logrado situar el debate sobre el acuerdo con Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria.

Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, favorables a una posible aplicación provisional del acuerdo, al considerar que no atienden ni a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones del sector agrario.

ASAJA insiste en que su posición no pretende bloquear el comercio, sino garantizar la seguridad jurídica y el respeto institucional, y reclama que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien determine el futuro del acuerdo UE-Mercosur.